189 personas se encuentran detenidas por el gobierno acusadas de delitos como sabotaje y terrorismo.
Dirigentes indígenas y campesinos son los más detenidos por lo que el movimiento indígena ha decidido presentar ante la Asamblea Nacional una propuesta de amnistía para más de un centenar de indígenas, campesinos, líderes comunitarios y de movimientos ambientalistas, que al momento enfrentan procesos penales por haber participado o liderado protestas.
Un equipo de abogados de Pachakutik (PK) y de la Conaie se encuentra depurando una lista que hasta el viernes pasado registraban casos en los que están involucradas 189 personas en este periodo de gobierno.
Entre los delitos más recurrentes de los que se acusa a los líderes y organizaciones sociales están el sabotaje y el terrorismo, pero también se incluyen figuras como la de asociación ilícita, obstrucción de vías públicas, lesiones y secuestros a policías, atentados en contra de la propiedad privada, invasiones y robo agravado.
Pachakutik planea presentar en esta semana el pedido de amnistía al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), antes del receso legislativo que será desde el 21 de febrero.
Ivonne Yánez, de Acción Ecológica, considera que existe una criminalización del derecho a la resistencia, garantizada en la Constitución de Montecristi. Para ello se está usando como paraguas, en particular, el art. 160.1 del Código Penal, que establece una definición muy amplia del terrorismo.
Ese artículo indica que: Se considera como terroristas, entre otros, a quienes individualmente o formando asociaciones, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: (…) y a quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas.
Sobre esta base, Yánez asegura que muchas empresas han judicializado los actos de las personas que opinen sobre sus actividades. En organismos como el Comité Ecuménico por los Derechos Humanos se hace el seguimiento a estos casos en provincias como Bolívar, Azuay o Zamora Chinchipe.
Fuente: El Universo
