Es la suma que recibirá cada uno de los 27 ex magistrados de la antes Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los siete ex jueces del extinto Tribunal Constitucional (TC), como indemnización por su destitución de dichas instituciones en el Gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2004, según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica.
La Procuraduría, en representación del Estado, admitió que los derechos de estos profesionales fueron afectados y, por tanto, se allanó parcialmente a la demanda.
Por su parte, la Corte Inter-Americana volverá a sesionar este y el próximo mes para dictar un fallo definitivo y vinculante.
Uno de los ex jueces destituidos, Teodoro Coello, manifestó que la sentencia creará un precedente para la defensa de la seguridad jurídica y de los principios democráticos que sustentan un estado de derecho.
