Ayer, durante el cuarto congreso de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), brazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se resolvió exigir a la Asamblea Nacional, una consulta prelegislativa, la cual estaría basada en el rechazo del proyecto urgente que reforma la Ley de Minería, cuya aprobación estaría prevista a más tardar, el próximo 15 de junio.
El documento, elaborado por parte del sector de campesinos e indígenas, se presentará en la Asamblea con todas las supuestas violaciones que se estarían cometiendo a los derechos colectivos, garantizados en la Constitución.
Según el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, las reformas mineras promovidas por el Ejecutivo, rompen el buen vivir (…) Vamos a seguir resistiendo, y el presidente de la República no nos va a dar derecho ni nos va a quitar el derecho a resistir, porque creemos firmemente en el sumak kausay.
Por su parte, para el movimiento oficialista Alianza PAIS (AP) no se necesita una consulta prelegislativa porque no se causa daño a las comunidades, que sería la condición para aplicar este recurso, y por el mandato constitucional de que los textos económicos urgentes deben tratarse en el plazo de 30 días.
Lo que más preocupa a la Ecuarunari, es la desprotección de los derechos de la naturaleza, porque si antes se exigía hasta diez informes para la autorización de la exploración, con la reforma serán dos; y sobre los estudios de impacto ambiental para la fase de exploración minera se elimina como requisito el pronunciamiento de los concejales de cada municipio. Esta es una ley vende patria, entreguista, una ley que se arrodilla ante las mineras chinas y transnacionales, sentenció Pérez.
