Después de 17 horas que el pleno de la Asamblea votó por el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, con los nuevos textos realizados por el oficialista Mauro Andino, la presidenta, Gabriela Rivadeneira, socializó el documento a los 137 asambleístas por correo interno.
Los cambios que la Ley trae son la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, entidad que será el técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria (administrativa y económicamente).
Sobre la responsabilidad ulterior, el documento añadió que toda persona tiene que asumir las consecuencias de difundir los textos que lesionen derechos sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier índole. En el caso de los medios, agregó que solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de dichos mensajes esté debidamente identificado; en caso de no cumplir con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su sitio web que no se atribuyan explícitamente a otra persona.
El controversial linchamiento mediático fue señalado en el artículo 26, donde queda prohibida la difusión de información que, ya sea directamente o por medio de terceros, sea hecha de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios para desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
De esta manera, la Superintendencia dispondrá, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, disculpa pública, a publicarla cuantas veces como fue publicada la información lesiva, sin perjuicio de que los autores de la nota respondan por la comisión de delitos o daños causados.
El plazo de concesión de frecuencias se mantiene en 15 años y será renovable para el mismo concesionario por una vez mediante concesión directa.
