Con 98 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones, el Legislativo, de mayoría del partido del gobierno, se allanó ayer al veto presidencial de la Ley Minera.
La Asamblea se mostró de acuerdo con las objeciones del Ejecutivo de que solo las personas que fueron identificadas en el censo minero del 2010 se regularizarán en 180 días.
También se incluyó que los procesos mineros deben tener los manifiestos de producción y las declaraciones de los concesionarios, mediante declaración juramentada y notariada.
Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presentó ayer en la Corte Constitucional un recurso de incumplimiento a la sentencia dictada por esa Corte entorno a las reformas mineras, ya que aseguran que la ley es inconstitucional porque no hubo consulta prelegislativa.
