Si se extrae el crudo del campo ITT, los municipios de la región oriental, a través de la Ley 010, recibirían cerca de $ 258 millones. Mientras que por la repartición del 12% de excedentes petroleros percibirían $ 1.882 millones y otros $ 1.568 millones más por su participación en la renta petrolera, según lo indica la Ley de Hidrocarburos.
Esa realidad hace que los gobiernos autónomos calculen que podrían atender mejor a sus poblaciones en las áreas de salud, educación y vivienda; así como electrificación, agua potable y otros beneficios.
Frente a ese panorama , la mayoría de alcaldías amazónicas apoyan la explotación y este lunes se reunirán en Quito para definir posiciones y exponer que los gobiernos locales de la zona tienen proyectos que esperan financiar con esos recursos, como la construcción de plantas de tratamiento de basura que les permitirían cerrar 151 botaderos. Para ello requieren una inversión de $ 800 millones.
Al respaldo se unieron ayer 22 alcaldías de Manabí y su Prefectura, que firmaron un remitido público que sostiene que con la explotación se beneficiará a los sectores más desposeídos del país.
Por su parte, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, cree que el petróleo debe mantenerse bajo tierra. No vemos prudente que se explote el ITT, esta reserva nos puede ser útil para que sea una fuente de aire puro.
