La comisión de Biodiversidad aprobó el pasado lunes el informe para el segundo debate de la resolución que viabiliza la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní; previo a la aprobación hicieron una restructuración de los textos, e incluyeron la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.
Ocho miembros del partido gobiernista que forman parte de la comisión votaron a favor del informe, mientras que Pepe Acacho (PK) votó en contra. César Solórzano y Arcadio Bustos, de Socidad Patriótica no asistieron.
Este documento, que será debatido mañana en el pleno de la Asamblea, contiene 56 páginas y divide a la resolución en seis partes, entre ellas la aceptación de la petición presidencial, exclusión de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) de las actividades extractivistas, destino de los recursos que se obtengan de la explotación de los bloques, entre otros.
Ximena Ponce (AP) hizo énfasis en que la declaratoria mantiene que la estatal Petroamazonas sea la responsable de la extracción de esos campos, de hecho al momento ya opera en el bloque 31, y según el oficialismo, esta es una forma de garantizar el menor perjuicio en el área.
Contrario a Ponce, el asambleísta Diego Salgado (CREO), insistió en que la declaratoria se contrapone al artículo 57 de la Constitución que indica que : Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva.
La Comisión de Biodiversidad coordinó 42 intervenciones en el pleno y 31 observaciones por escrito enviadas hasta el pasado miércoles, sin embargo el texto conserva gran parte de su versión original.
