Con la amenaza de renunciar masivamente, gremios de médicos del país se oponen a la decisión de la Asamblea de tipificar el homicidio culposo por mala práctica profesional en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ayer hubo protestas de los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez, que pertenece a la red de centros de salud públicos de Quito. Un grupo de unos 200 médicos (150 con nombramiento y 50 con contratos) redactó renuncias irrevocables de todo el personal para presentarlas a la gerencia del hospital una vez que entre en vigencia el COIP.
La manifestación hizo que se suspendiera la atención momentáneamente, pero los médicos afirmaron que el servicio se dio con normalidad.
Ir presos, ser tratados como delincuentes y una lluvia de juicios son las principales repercusiones que dicen temer los médicos con la aprobación del Código. El artículo cuestionado plantea una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quien ocasionare la muerte de otra persona en la práctica de su profesión y la suspensión de su licencia.
El Colegio de Médicos de Santo Domingo de los Tsáchilas, que aglutina a 150 profesionales, también se declaró en sesión permanente para tratar el tema.
Tras los incidentes, el viceministro de Salud, Miguel Malo, señaló que la institución está abierta al diálogo con médicos y enfermeras del país y dijo que tanto su derecho al trabajo como la atención a la ciudadanía están garantizados.
