Un total de 11 delegaciones de observación internacional, integradas por alrededor de 300 personas, establecidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), examinarán las elecciones del 23 de febrero.
Ambas misiones ya estuvieron en el país en las presidenciales del 17 de febrero del 2013 y emitieron una serie de sugerencias para este proceso. Junto a las otras nueve misiones, estarán presentes en dos actividades claves: el simulacro de 26 de enero, así como la prueba del voto electrónico en Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, el 1 y 2 de febrero.
Desde mediados de febrero, ya estarán de manera permanente en el país hasta que finalicen los comicios y entreguen el informe y las sugerencias.
Paúl Salazar, vicepresidente del CNE, afirma que han aplicado las recomendaciones del año pasado, como entregar el padrón a las tiendas políticas. En cambio, hay otras que están en marcha, como capacitación a los miembros de las mesas electorales y de las Juntas Intermedias de Escrutinio.
La recomendación más delicada planteada por la OEA fue “reducir los riesgos asociados al uso de recursos públicos con propósitos electorales”.
El CNE ha recorrido el país junto a Contraloría monitoreando la campaña anticipada, el cual según un informe hubo un gasto de USD 732 199. La consejera Roxana Silva anunció que se contabilizó 4 860 evidencias de esas infracciones, que serán imputadas al gasto. Esa es, por el momento, la única acción que puede tomar el ente rector.
La reducción de esos riesgo “se logra con más controles”, dice Salazar. Para reforzar la vigilancia, la firma Sífuturo ganó la licitación del CNE para monitorear a los medios las 24 horas de los 45 días de la campaña. En este lapso los candidatos solo pueden pautar con fondos estatales.
