La dirigencia indígena de Cotopaxi impugnó el fallo de la Corte Constitucional (CC) con el objetivo de dejarlo sin efecto, lo que según la organización, eliminaría las competencias de la justicia indígena.
El recurso fue planteado por los abogados Raúl Ilaquiche y Carlos Poveda, y por la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán. Se lo realizó a nombre de Víctor Olivo, quien planteó la acción extraordinaria de protección en el 2010.
En el documento se pide a los jueces constitucionales que fundamenten y aclaren el significado jurídico y antropológico de lo que implica un conflicto interno en una comunidad, además del alcance de las normas de la Ley de Comunicación, referentes a la censura previa.
Se pide también declarar la nulidad de todo lo actuado por la CC, puesto que según la organización, la sentencia no cumplió el artículo 66 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El Presidente de la CC, Patricio Pazmiño señaló: Este pronunciamiento ligero e irresponsable (…) pretende perjudicar a las comunidades porque desconoce la vigencia del sistema de administración de justicia indígena en el Ecuador.
