Según la Contraloría General, a más de 23 millones de dólares asciende el perjuicio al estado ecuatoriano, en la adquisición de un sistema denominado “justicia 2.0” por parte del Consejo de la Judicatura.
Este sistema buscaba dar soporte a los principios de oralidad y transparencia y tenía como propósito que todos los trámites judiciales se realicen de forma digital. La contratación se hizo en el 2011.
Esta mañana se desarrolló una audiencia en el Tribunal Contenciosos Administrativo de Quito para pedir la nulidad a la glosa que la Contraloría impuso a la empresa Indra Sistemas y a dos ex funcionarios del Consejo de la Judicatura.
El tema se remonta cuando la Judicatura de Transición contrató a Indra para que instale un software de videoconferencias y equipos de grabación de audiencias.
La Judicatura solicitó a la Contraloría un examen especial al contrato y esta resolvió establecer una glosa por el monto total… es decir, por 23.7 millones de dólares. (I)
