Previous Story
Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia
Posted On 06 Oct 2017
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas offshores. Arellano fue capturado el miércoles, 4 de octubre, junto con Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de Efecty; Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de la misma empresa, y Sara Guavita Moreno.
La Fiscalía les abrió un proceso penal dentro de la investigación mundial relacionada con los Panama Papers, que difundió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Arellano fue vinculado por ser el representante legal y gerente de la empresa panameña Mossack Fonseca (MF) en Colombia, desde el 2009.
Las sociedades extranjeras, según la Fiscalía colombiana, eran meras fachadas creadas por MF, que firmó contratos por servicios ficticios que nunca prestaron con empresas colombianas, que sí pagaron las facturas falsas.
Las firmas fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra. No obstante, el seguimiento a las transferencias de la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.
Mossack Fonseca cobraba un porcentaje de entre el 2,5 y 4 % del valor de las facturas y después enviaba esos recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack. Por lo menos, 14 sociedades colombianas acudieron a este método para transferir de manera ilícita recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales y con ello manipulaban sus declaraciones de la renta, las cuales no reflejaban la realidad financiera.
Según la Fiscalía, la oficina en Colombia de MF realizó las operaciones fraudulentas entre el 2010 y el 2016. Precisamente desde el 2009, Arellano es la cabeza de esa firma en Bogotá. Como gerente, Arellano recibía un salario mensual de USD 8 000, además de una comisión del 12% anual, pagaderos trimestralmente, por clientes referidos a MF, según correos internos de la firma a los que este Diario tuvo acceso en la base de datos del ICIJ.
En el 2012, Arellano llegó a un acuerdo con MF para crear Landon Foundation. Según ese compromiso, Arellano Rumazo, o sus herederos como beneficiarios sustitutos, tendrían derechos plenos de propiedad, representados por el 10% de las acciones que poseerá de MF-Colombia, en los siguientes 10 años.
En la práctica, Arellano no solo era empleado de MF sino socio de su fundación. Arellano, quien en Colombia responderá por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, se presentaba como un consultor internacional para grupos y consorcios familiares en inversiones financieras e inmobiliarias.
Desde febrero pasado aparecía como funcionario de Vestal Group Family Office, en donde ofrecía servicios para la compra de propiedades en Panamá y Miami, así como asesoría para la consolidación de negocios en ambos países, más Ecuador y Perú. La relación de Arellano, quien es administrador de empresas, con MF se remonta al 2007. En ese año el bufete panameño inició sus operaciones en Quito con cuatro representantes, incluido Arellano. Constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co Quito.
Entre junio del 2006 y el 24 de junio del 2007, Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel. Luego fue enjuiciado por la Fiscalía, que lo investigó por un presunto peculado y enriquecimiento ilícito. Estos procesos se iniciaron con un informe de la Contraloría sobre el patrimonio de Arellano. De sus declaraciones juramentadas se desprendió, según el organismo de control, que su patrimonio al final de su gestión en Andinatel supuestamente se incrementó en USD 106 684, de forma injustificada.
Este juicio penal terminó en el 2014 con el archivo de la causa y la absolución de Arellano en la Corte de Quito. Este Diario buscó a sus abogados en Ecuador, pero no los ubicó hasta el cierre de esta edición. (I)
Fuente:http://www.elcomercio.com/
