Es la prueba más reciente de que el Estado es un mal administrador. Gamavisión, canal incautado en 2008 por el gobierno de Rafael Correa, entró en un proceso de disolución. Lo decidió la Superintendencia de Compañías, el 22 de febrero.
La empresa de medios públicos, principal accionista del canal, aseguró que defenderá Gamavisión como patrimonio público y como un espacio imprescindible de comunicación social. El problema es que, al parecer, no hay mucho que defender. La resolución de la Superintendencia es lapidaria sobre la situación financiera del medio de comunicación.
Habla de pérdidas acumuladas por seis millones de dólares, que representan el 126 % de su capital y un patrimonio negativo de 1,2 millones de dólares.
Aunque ya hubo alertas con cifras dispares pero aún más escandalosas. En octubre del año pasado, Andrés Michelena, exgerente de la empresa de medios públicos, contaba que desde 2008 Gamatv registra pérdidas acumuladas por $ 17 millones. El medio también tiene deudas pendientes con el IESS y el Servicio de Rentas Internas (SRI). De por medio también hay una denuncia por supuesta defraudación tributaria por 6,2 millones.
El año anterior, un informe de Contraloría también advertía que el canal se encuentra en una de las causales de disolución. Las pérdidas, solo en el período 2010 – 2015, superaban el 50 % del capital. A pesar de eso, en Gama se aumentaron los sueldos y se pagaron bonos a directivos sin justificativos por 664.742,92 dólares. Uno de ellos, Carlos Ochoa, superintendente Comunicación.
También se pagó el arriendo de departamentos y casas para los directores; se abonaron sin justificación comisiones por ventas y se adquirieron los derechos de transmisión del campeonato de fútbol, que representaron una pérdida de 2,8 millones.
Ahora, la Superintendencia puso en blanco y negro el estado financiero. Gamavisión registró pérdidas en 2012, 2014, 2015 y 2016.
Pero, además, hay un desorden general. Los administradores, por ejemplo, no entregaron las actas de las juntas de accionistas, tampoco el libro de accionistas, no tienen información sobre el deterioro y la vida útil de sus propiedades y equipos. Y eso sin contar con un registro equivocado del último aumento de capital hecho: se inscribió el valor de 3,8 millones en 2016, pero en realidad se hizo en 2017. Por eso la Superintendencia dijo que se obstaculizó y se dificultó su labor de control y vigilancia.
Una de las conclusiones de la Superintendencia es que Gamavisión no dispone de recursos para cubrir con todas sus obligaciones a corto plazo.
Los trabajadores del canal responsabilizan por este caos a la administración del gobierno de Correa. Y ahora no tienen, ni siquiera, gerente. Eduardo Khalifé confirmó a EXPRESO que su nombramiento no llegó a ser inscrito en el registro mercantil. (I)
Fuente: http://www.expreso.ec/actualidad/gama-tv-supercom-ley-de-comunicacion-cierre-canal-YA2057320
