Se sabía que era malo y resulta ser peor. La Comisión Ocasional de la Asambleaconstituida para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados ha empezado a poner un poco de orden en el incomprensible marasmo de las jubilaciones en el sector público. Y la realidad va saliendo a la luz: durante el decenio correísta, no hubo peor empleador en el país que el propio Estado.
Ayer fue día de comparecencias en la Comisión. Asistieron voceros de asociaciones de jubilados del magisterio, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud… Gente de Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Carchi, Galápagos… La presidenta Norma Vallejo (oficialista) los recibía con un mi compañero y tomaba nota de todo lo que decían. Ella ha conseguido poner a las instituciones del Estado a trabajar en el asunto (a ordenar sus datos, para empezar) y se ha ganado el respaldo de los integrantes. Hay, en esta comisión ocasional, un sano consenso que no fácilmente se consigue en cualquier otra.
Se calcula que ya son 300 los empleados del sector público que han muerto esperando su jubilación. Quienes han llegado aquí a dar sus testimonios hablan de los que mueren cada día. Ayer nomás, falleció el jubilado de la silla de ruedas que iba a todas las manifestaciones; el dirigente tal, el servidor cual… Vienen de un peregrinaje de tres años por las instituciones del Estado. Del Ministerio del Trabajo al de Finanzas, del de Finanzas a la Senplades, sin respuesta. En el caso de los maestros, de la administración zonal a la distrital, de ahí a la central y de ahí al Ministerio del Trabajo, al de Finanzas, a la Senplades… Enmarañados en acuerdos, decretos, compromisos, documentos que fueron obligados a firmar y hoy lo lamentan…
Condiciones de pago en función de acuerdos ministeriales que ya no rigen; actas de compromiso de pago que toca actualizar con cada nueva autoridad que se posesiona en la cartera; actas de finiquito que no reconocen valores de compensación… En las Fuerzas Armadas les hicieron firmar una de esas sin advertirles las consecuencias. Encolumnados, dice el vocero de turno: los que se atrasaron al bus y no llegaron a la firma hoy reciben sus compensaciones. Así de arbitrario fue el manejo de las pensiones jubilares durante el correísmo.
Desde el 22 mayo de 2017 rige el decreto 94, un acuerdo ministerial que exime al Estado de pagar compensaciones a quienes se acojan a la renuncia obligatoria. Desde entonces, a cada servidor público que solicita su jubilación le piden la renuncia. Una estrategia del Estado para no incrementar los más de mil millones que debe ya por concepto de jubilaciones (900 millones solo en el magisterio).
La comisión que preside Norma Vallejo ha comenzado a poner orden en ese desaguisado. Para empezar, ha conseguido que las instituciones del Estado se comprometan a aclarar sus cifras en lo referente a jubilaciones (todavía el Ministerio de Educación admite que no tiene los datos completos); que el Ministerio del Trabajo reconozca los derechos de los que fueron obligados a renunciar y elimine los rezagos del decreto 94; que se desempolven los no tan viejos proyectos de ley archivados, como una Ley Interpretativa sobre la materia que duerme en el CAL y el proyecto de ley sobre jubilaciones patronales presentado por Cristina Reyes, miembro de la Comisión. El objetivo es establecer un cronograma de pagos.
Lo que la Comisión tiene por delante es un mar de denuncias y una maraña de cálculos.
Jubilados; última parada
Que nos hagan la fineza de hacer justicia… Las declaraciones de los jubilados son un grito de ayuda: Ustedes son nuestra última esperanza, la última. No hay organismo que nos defienda. La decisión de la Corte Constitucional no es vinculante. ¡Los derechos humanos no son vinculantes!. (I)
Fuente: http://www.expreso.ec/actualidad/iess-jubilidados-rafaelcorrea-educacion-estado-MD2216428
