Rafael Correa terminó por romper el bloque bolivariano. La orden de prisión preventiva que se dictó en su contra, la tarde del martes, derivó en un conflicto diplomático con Venezuela y Bolivia.
Al parecer, el exmandatario esperaba una reacción general, pero el mundo mira hacia otro lado, reconoció en una entrevista con el canal estatal ruso RT, el mismo medio en el que el expresidente de la República mantiene un espacio de entrevistas. Si esto hubiera pasado en mi Gobierno con un opositor político ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya, se lamentó.
No hubo, efectivamente, pronunciamientos oficiales de los Gobiernos de la región por la orden de prisión por la supuesta participación de Correa en el intento de secuestro del político Fernando Balda en 2012. Con dos excepciones de quienes eran sus aliados y que se autocalifican como parte de los Gobiernos progresistas de la región: Venezuela y Bolivia.
Nicolás Maduro y Evo Morales se solidarizaron con Correa y rechazaron la orden de prisión en su contra. Ellos, a tono con el discurso de los correístas, también hablaron de politización de la justicia en Ecuador. Y culparon a Estados Unidos. Morales incluso se pronunció directamente contra la Fiscalía.
Y el Gobierno ecuatoriano reaccionó. Exigimos, como Gobierno democrático, el respeto de Gobiernos vecinos a nuestra división de poderes y al trabajo que el Poder Judicial está realizando. Cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de Derecho, la justicia y la democracia plena que rige en nuestro país, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia.
Por intermedio de la Cancillería se enviaron notas formales de protesta por las declaraciones de los dos mandatarios. También se convocó a los embajadores acreditados en Ecuador para que expliquen la postura de sus Gobiernos. Y no solo eso, el Ejecutivo llamó a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia, Franklin Columba, y suspendió el viaje del nuevo representante en Venezuela, Fabián Solano, quien fue nombrado en junio pasado.
Para Valencia, los pronunciamientos de Morales y de Maduro son un intento de campaña de desprestigio contra la institucionalidad democrática del Ecuador.
Campaña en la que Correa lleva la voz cantante. En redes sociales y en varios medios de comunicación internacionales vendió la idea de que es un perseguido político. Tengo una orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de Derecho, le dijo a RT.
Ãl, en contraposición a lo que sostiene la Fiscalía, insiste en que no existen indicios para vincularlo a la investigación del secuestro. A pesar de eso, no cumplió con la orden judicial que le obligaba a presentarse en el país el pasado lunes. Su desacato le hizo ganarse la orden de prisión preventiva.
A su lado, al menos en redes sociales, también están exmandatarios de la región como Ollanta Humala, de Perú, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Los dos son investigados en sus países por su participación en las tramas de corrupción de Lava Jato y Odebrecht. Los dos están acusados de haber recibido aportes ilegales. En sus mensajes de solidaridad con Correa también dijeron ser víctimas de la judicialización y de la criminalización de la política.
En el país, los seguidores de Correa harán un intento hoy por llevar el respaldo al exmandatario más allá de las redes sociales y han anunciado una marcha en la capital. (I)
