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Acusadores de Rafael Correa plantean indagar uso de dinero público en secuestro
Posted On 09 Nov 2018
Quito –
Existen elementos para inferir que los pagos que hizo Raúl Chicaiza a ciudadanos colombianos ya sentenciados por el secuestro de Fernando Balda fueron obtenidos de fondos públicos a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Así lo señalaba el miércoles último la jueza Daniella Camacho al leer un peritaje realizado dentro del caso, el cual fue uno de los elementos de convicción para llamar a juicio por el delito de plagio al expresidente Rafael Correa; al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero; y los exagentes Chicaiza y Jéssica Falcón.
Felipe Rodríguez, defensa de Balda, tiene claro que para darse el secuestro de su cliente los funcionarios públicos involucrados debieron haber cometido peculado.
Ãl cree que si ya se ha llamado a juicio y se ha evidenciado la participación de los procesados en el plagio, la Contraloría General del Estado debería analizar cuánto dinero público se destinó a las operaciones para el secuestro y emitir un informe con indicios de responsabilidad penal para que Fiscalía investigue.
Camacho, antes de emitir su auto de llamamiento a juicio, mencionó en su lectura versiones dadas por los secuestradores en Colombia que hablaban de que Chicaiza pagó por la renta del vehículo en el que se cometió el secuestro, y que se entregó dinero en efectivo para pagar al grupo de secuestradores, que se dieron recursos para comprar ropa a los delincuentes contratados.
El 20 de junio pasado, durante el testimonio anticipado de Chicaiza, él dijo que todo lo usado dentro de su viaje a Colombia para el tema Balda le fue entregado en efectivo directamente por la Senain. Especificó que para esa operación se usaron en efectivo cerca de $ 60.000, que incluye el pago de $ 28.000 en efectivo, realizado el 9 de agosto de 2012, a las personas que iban a trasladar a político ecuatoriano desde Bogotá hasta un cuartel en Ipiales, ciudad cercana a Ecuador. (I)
