Quito –
Detención arbitraria por varias horas sin que exista la orden de un juez, manejo del Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje) para ordenar el traslado de jueces justo cuando se iba a dar o se pensaba dar una audiencia contra opositores, detención de las personas hasta que llegue la boleta, exclusión de pruebas sin razón alguna…
Dos meses y medio después de que el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ) creó la Mesa por la Verdad y la Justicia, estos son algunos patrones de comportamiento de persecución política usados en el gobierno de Rafael Correa que esa instancia habría identificado al investigar y revisar una parte de los 1.435 casos presentados.
Al momento, según la vocal del CJ Angélica Porras esos patrones son parte de la hipótesis construida en este tiempo de trabajo por las cuatro comisiones que conforman la Mesa. Y espera que con la investigación que están haciendo puedan corroborarlo y hacerlo visible en su primer informe de mediados de diciembre próximo.
El lunes pasado se inició la exposición de casos en audiencia pública. Quienes conforman la Mesa escucharon ocho casos. Fernando Villavicencio fue el primero en contar la forma de operar de jueces y fiscales en nueve procesos judiciales, civiles y penales, que enfrentó en la época correísta. Todos los juicios, dijo, fueron para sancionar su derecho a la opinión.
Otro de los patrones que, según Porras, se habría identificado tiene que ver con cuestiones relacionadas con el debido proceso, con las dificultades que tuvieron las víctimas de persecución para defenderse, para poder contactarse con su abogado. Recordó un caso en el que el abogado que defendía al opositor del régimen, detenido ilegalmente, era un abogado en estado etílico, que no pudo decir nada a favor de su defendido en la audiencia de formulación de cargos.
El presidente de la Mesa, Pául Jácome, explicó que los comportamientos de la justicia ecuatoriana en estos casos están siendo analizados bajo parámetros establecidos en un protocolo. Ahí se determinarían definiciones de qué es un perseguido político, qué es un criminalizado, cómo se establece un atentado a la libertad de expresión, etcétera. Esos parámetros han sido trabajados con apoyo de organizaciones de derechos humanos y con la Defensoría del Pueblo.
El coordinar jurídico de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, cree que se busca implementar de forma institucionalizada la persecución política. Se trata de un mecanismo que pretende tener una fachada institucional de un régimen que se acerca ya no solo a lo antidemocrático, sino cada vez más al fascismo.
En análisis
La relación directa entre las declaraciones de ministros y la iniciación de una causa penal, y la intervención de integrantes del CJ anterior y otros entes del Estado en casos contra opositores, son también analizados como patrones de persecución. Virgilio Hernández considera que el informe que presentará la Mesa por la Verdad no busca justicia, sino venganza. (I)
