El poder ejecutivo busca normar el salario de los administradores de las entidades bancarias, según el proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social.
El proyecto prevé limitar las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las instituciones financieras, que estén bajo el control de la Junta Bancaria.
Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros, no descarta que la base para fijar los salarios se ajuste a la disposición presidencial, que establece que ningún otro funcionario público puede percibir más que el presidente de la República.
A dicha medida, el sector bancario responde en señal de rechazo ya que no son empresas de servicio público.
Eduardo Carmigniani, asesor jurídico de la Asociación de Bancos Privados, explicó que el Estado no tiene por qué regular los salarios de quienes trabajan en entidades privadas, ¿Con qué título el Estado puede atribuirse esa disposición?, ¿La Junta Bancaria se va a convertir en el departamento de Recursos Humanos del sistema financiero?, cuestionó.
Mientras que el asambleísta oficialista y presidente de la Comisión de lo Tributario, Francisco Velasco, asegura que el objetivo es ser equitativos. (MZ)
