La mañana de este martes 12 de septiembre de 2017, el director nacional del movimiento Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, presentó a la fiscalía una demanda penal contra el expresidente de la república Rafael Correa, por supuesto tráfico de influencia en la justicia.
Ãl (Correa) como presidente de la república, en su momento le metió la mano a la justicia, cometiendo un delito que está tipificado en el código integral penal como tráfico de influencias, dijo Atarihuana en declaraciones a la prensa.
Son decenas de casos como el de Bosco Wisum, los diez de Luluncoto y de varios perseguidos políticos en este país, mencionó.
Además, los mails (correos electrónicos) que se han hecho públicos por la prensa internacional, han confirmado lo que el pueblo ecuatoriano sabía hace rato, que Rafael Correa dirigía el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General, y sentenciaba en la sabatinas, agregó.
El centro de su denuncia está relacionado con lo sucedido con Mery Zamora, condenada en dos instancias a ocho años de prisión por el capricho y el odio de Rafael Correa, según mencionó.
Luego que fue declarada inocente por la Corte Nacional de Justicia, el presidente, en la sabatina, ordenó a Galo Chiriboga que presente un recurso extraordinario en la Corte Constitucional; no pasó el día lunes, y Galo Chiriboga obediente, efectivamente, lo utilizó, dijo.
Por esto pedirá al fiscal Carlos Baca que inicie la indagación fiscal para castigar el delito de tráfico de influencias, que es penado con tres a cinco años de prisión.
Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, estás denuncias están más bien relacionadas con algún resentimiento.
Esas personas que salen por resentimiento o por que son afilies de un interés político, ahora aparecen luego de cuatro años, luego de tres años, luego de dos años con estas denuncias que debieron haberlas hecha en su momento. Yo lo único que pido, no es que se callen, es que tengan un poquito de vergüenza, sí, pero adicionalmente que cuenten toda la historia completa, dijo Jalkh. (I)
