Los 52 exdiputados integrados por el Prian (8), PRE (15), SP (5), MPD (3) e independientes (21), afines al gobierno de Lucio Gutiérrez, pagarán la acción de repetición, anunciada por la Procuraduría, que les obligará a cubrir las indemnizaciones ordenadas en sentencia contra Ecuador por la Corte Interamericana de los Derechos humanos (Corte IDH).
El presidente encargado, Jorge Glas, lo confirmó ayer: En esa época, de un plumazo, borraron toda la Corte Suprema, acomodaron a los jueces amigos y ahora hay una sentencia de unos $ 15 millones. Sepan los que estuvieron involucrados en ese proceso que aplicaremos el derecho de repetición establecido en la Constitución. Lo que tenga que pagar el Estado se lo vamos a cobrar a los que estuvieron en ese gobierno, aseguró.
La sanción es por la destitución de 27 exjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de ocho vocales del Tribunal Constitucional (TC), aprobada en la sesión extraordinaria que convocó el presidente de ese entonces, Gutiérrez, el 8 de diciembre del 2004.
La mayoría legislativa aprobó la resolución planteada por Luis Villacís (MPD), a través de la cual reestructuró la CSJ. Los legisladores se ampararon en la transitoria 25 de la Constitución del 10 de agosto de 1998.
Villacís afirma que en este caso no procede, porque la Constitución de 1998 determina que los diputados no son responsables civiles o penales por sus votos y expresiones en el ejercicio de sus funciones. Para él, los responsables son el Gobierno y la Procuraduría, que dejaron en la indefensión al Estado cuando se allanaron a la demanda.
El fiscal general Galo Chiriboga dice que si los presuntos responsables no pagan las obligaciones que les corresponda, tendrían que operar la declaratoria de insolvencia, ya que en nuestro país no existe prisión por deudas.
