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Gobierno respeta decisiones judiciales en caso Balda
Posted On 05 Jul 2018
El gobierno ecuatoriano anunció su respeto a la autonomía de funciones del Estado y remitió notas de protesta a sus similares de Venezuela y Bolivia por sus pronunciamientos sobre el proceso jurídico en contra del expresidente Rafael C.
Una vez que la jueza Daniella Camacho dictó, el pasado martes, la orden de prisión preventiva en contra del exmandatario por su presunta participación en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en 2012, los mandatarios Evo Morales, de Bolivia, y Nicolás Maduro, de Venezuela, criticaron la medida y la falta de independencia en la justicia.
El canciller de Ecuador, José Valencia, anunció este miércoles 4 de julio el envío de notas de protestas a ambas naciones. También se llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bolivia, Franklin Columba. Además se suspendió el viaje de Fabián Solano, quien iba a encabezar la legación ecuatoriana en Caracas.
Exigimos como Gobierno democrático el respeto de gobiernos vecinos a nuestra división de poderes y al trabajo que el Poder Judicial está realizando en Ecuador, dijo. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, dijo que las instituciones en el país actúan con probidad y apegadas a la ley.
Resaltó que el presidente Lenín Moreno respalda al Poder Judicial para que siga actuando de forma independiente y democrática.
La prisión preventiva
La jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, presentará por escrito la próxima semana la medida sobre la prisión preventiva en contra del expresidente.
Asimismo notificará a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que adelante los trámites de extradición si es necesario, luego de que el exjefe de Estado no compareció en la Corte el pasado lunes.
Ella dictaminó que Rafael C. se presentara cada 15 días ante la Secretaría General de la CNJ, por su vinculación en el supuesto secuestro a Fernando Balda.
Reacciones en la Asamblea
El tema trascendió a nivel político. En la Asamblea Nacional asambleístas de diferentes bancadas (excepto de Revolución Ciudadana) consideraron que la decisión de la jueza Daniella Camacho denota la independencia judicial que vive el país, principalmente, desde la llegada del presidente Lenín Moreno.
Gabriela Rivadeneira y Verónica Arias (Revolución Ciudadana) aseguraron que el proceso jurídico está viciado de ilegalidad y que existe una frontal persecución política contra el exmandatario Rafael C. Sin embargo, Lourdes Cuesta (CREO), dijo que la jueza actuó en derecho, aplicando lo que establece la ley. Manifestó que esta práctica fue imposible en la administración anterior.
Eso demuestra que los abogados de Correa no eran buenos. Ganaban los juicios porque llamaban (a los jueces) y amedrentaban, dijo. Aunque ella sostuvo que todavía existen rezagos del correísmo dentro de la Función Judicial, actualmente las actuaciones se hacen sin miedo.
Jorge Yunda, de Alianza PAIS, tiene la esperanza de que a futuro no existirá injerencia política ni del anterior gobierno ni del actual en la administración de justicia. La política debe estar alejada de estas acusaciones con el legítimo derecho a la defensa. No quisiera pensar en que haya persecución ni tampoco encubrimiento.
Todos somos iguales ante la ley. Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), consideró que la acción en contra del exmandatario no es una persecución política.
Hizo un llamado a no caer en la victimización de Rafael C. que es lo que él quisiera. Invitó al exmandatario a que se sujete del ordenamiento jurídico que existe en el país, ya que hasta el momento no se lo acusado de nada. Actualmente, el proceso en su contra está en una etapa de vinculación e indagación de indicios. Hasta el momento al expresidente Rafael C. no se lo ha acusado de nada, puntualizó Cucalón. (I)
