La industria minera en Ecuador es incipiente, dice Gustavo Lagos, sin que su comentario implique tintes peyorativos. Lo dijo porque ahora Ecuador se está abriendo al mundo y busca atraer importantes inversiones que potencien al sector.
A su criterio, entre los retos más grandes que enfrenta el país está despejar los temores en torno a la actividad minera. Lagos, reconocido experto chileno en temas mineros, estuvo la semana pasada en Quito para participar en el Segundo Congreso de Minería y Ambiente.
¿Qué es la minería responsable?
Es una actividad que produce los mínimos impactos ambientales posibles. Siempre va a haber impacto. Si alguien cree que la minería se podrá hacer sin impacto, está equivocado. Cualquier actividad humana tiene impacto ambiental. Lo que hay que asegurar es que esos impactos sean mínimos. Eso hay que alcanzarlo con un grupo de personas que tengan suficientes conocimientos y experiencia.
¿Y el rol de las empresas con la comunidad, cómo deben trabajar?
Lo que pasa es que hay que entender cómo se van creando los miedos de las personas. Las tres cosas más importantes ante la presencia de una empresa minera son: generación de polvo, agua sucia o que ocuparán parte del agua de consumo humano. En cada caso hay que estudiar si eso es real o no. No hay una receta única. Depende de las características de cada población, el territorio y la distancia entre el yacimiento y la comunidad. También depende del juicio que pudo tener la ciudadanía antes de que llegue la compañía. Por ejemplo, si cree que la empresa va a hacer lo mismo que la minería artesanal, entonces puede ser que esté en contra. Y si a eso se suma algún grupo político que siembre incertidumbres creando temores que no son efectivos, la situación se torna compleja. Hay que trabajar en diluir esos miedos.
La responsabilidad social de las empresas es una obligación¦
En efecto, es una obligación. Es algo que se ha aprendido en los últimos 25 años. La responsabilidad social no es un anexo del proyecto minero, sino parte de él.
¿Qué oportunidades tiene el país para alcanzar el desarrollo tecnológico en minería?
Las empresas que saben hacer minería de alta calidad son pocas, serán 20 o 30 en el mundo. Una de las preocupaciones del Gobierno debería ser que hubiese por lo menos una o 2 escuelas a nivel universitario y otras 2 a nivel técnico en donde pudiera entrenarse a la gente que va a desempeñarse en minería, profesionales y trabajadores ecuatorianos. Chile demostró con la nacionalización del cobre, en 1971, que el Estado lo podía hacer y ganando plata preparó a la gente. Por eso es que los chilenos piden más al Estado, porque Codelco lo ha hecho bien. Si lo hubiera hecho mal, como el caso peruano, se inclinarían por la privatización. Que Codelco lo haya hecho bien es casi un milagro y para mí esa no es la receta. Creo que lo mejor es tener un contrato equilibrado entre el Gobierno y las empresas, que permita dejar una parte importante de las utilidades, pero que al mismo tiempo incentive la inversión.
¿Entonces conviene más una alianza público-privada?
La minería es como el matrimonio. Las empresas multinacionales y los países contraen matrimonio y esto es un contrato de largo plazo. Una vez que está hecha la inversión no hay nada que hacer, la empresa no se la puede llevar, ni el Gobierno tiene la posibilidad de cambiar las normas del contrato, eso puede provocar un divorcio. Las modificaciones del contrato deben ser claras para que el matrimonio perdure.
¿Cómo armonizar la relación entre la empresa privada y el Gobierno?
En Europa y Estados Unidos todo está normado. Sabemos en qué territorio se puede hacer minería y en cuál no. Si la empresa cumple la norma no se necesita un estudio de impacto ambiental, porque el marco legal está muy delimitado. En nuestros países, en donde no teníamos norma hasta hace poco tiempo, por supuesto que hay estudios de impacto ambiental, pero son muy demorados, largos y no van a satisfacer a todos. Lo ideal sería que las empresas siempre tuvieran como meta usar la mejor tecnología disponible. Pero no siempre es así. Esto es responsabilidad de la empresa, pero también del Gobierno al no exigir la mejor tecnología. Quienes ejercen controles deben tener eso en mente. (I)
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