Tanto el Gobierno como el movimiento Alianza Pais, se encuentran atravesando un difícil momento por una posible campaña de boicot de la oposición al mandato popular y se preparan para una implementación jurídica y técnica de obligaciones derivadas de la consulta del pasado 7 de mayo.
Luego de la propagación de resultados según el Registro Oficial, el presidente Rafael Correa dijo que hay que ejecutar los cambios planteados y alertó a los asambleístas de ser destituidos de su cargo si no llegasen a cumplir con el mandato del pueblo.
El asambleísta Virgilio Hernández aseguró entre los principales análisis será el de la votación de la Sierra centro, donde la consulta tuvo poca acogida y en donde se planteará el fortalecimiento del trabajo de PAIS a nivel nacional. Añadió que buscarán estrategias de acercamiento con el sector indígena, el cual debe reconocer que son beneficiarios directos del proyecto.
Según explicó el equipo jurídico de la Presidencia de la República, los cambios se llevaran a cabo en período de 18 meses, en donde a nivel Legislativo se tratarán reformas y leyes del Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Penal, a la Ley de Comunicación y al Sistema Financiero.
Mientras que en el Judicial, se establecerán los niveles de cumplimiento de los funcionarios y se sancionará a los jueces que utilicen mecanismos de corrupción y enriquecimiento ilícito. En el período de transición se designarán jueces privilegiando la meritocracia mediante concursos públicos. Además se construirán juzgados para ampliar los servicios de justicia en el país.
Fuente: Diario El Telégrafo
