Según el antropólogo Eduardo Pichilingue, el hecho de que no se haya podido hallar evidencias sobre la existencia de los tagaeri y los taromenane, considerados como tribus no contactadas, en los campos del Yasuní-ITT (bloques 31 y 43), se debe a que el Estado ecuatoriano no ha hecho los esfuerzos suficientes para encontrarlas.
Pichilingue, quien forma parte del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, señaló esto refiriéndose al informe que elaboró el Ministerio de Justicia a pedido del presidente Rafael Correa con el fin de pedir a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional del ITT e iniciar la explotación petrolera.
En el informe que consta de once páginas, se indica que en esos campos no habita población indígena aislada, ni forman parte de una zona transitada.
El estudio además indica que los patrones de asentamiento de los pueblos no contactados muestran que ellos habitan en zonas interfluviales, no inundables y que van entre los 250 y 450 metros sobre el nivel del mar, y estas características no corresponden a los bloques 31 y 43.
La exministra del Ambiente y actual legisladora, Marcela Aguiñaga, cuenta que para llegar a estas conclusiones, el Ministerio de Justicia se encargó de recopilar testimonios de las poblaciones aledañas, hizo recorridos con técnicos indígenas, tomó fotografías satelitales, y colocó cámaras trampa en sitios estratégicos aunque hasta el momento solo han logrado captar fauna.

