Cerca de $ 13, 5 millones desembolsaría el Estado ecuatoriano para indemnizar a 27 exmagistrados de la desparecida Corte Suprema de Justicia, de la cual fueron destituidos en el 2004 por una mayoría legislativa partidaria del expresidente Lucio Gutiérrez.
Por medio de un informe los exjueces realizaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicho documento confirmó que se violentaron sus derechos y recomendó su restitución o, de haber justificaciones que se los indemnice.
Debido a que el Estado no respondió a tiempo, la Comisión envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que se lo obligue a cumplir sus recomendaciones.
De acuerdo con la Procuraduría, el Ecuador cubriría una cifra entre $ 400 y 500 mil para cada exjuez (tres de ellos ya fallecieron). Esto es teniendo en consideración que el Estado ecuatoriano se conformó con la demanda parcialmente. Los demandantes también pidieron que se les pague una indemnización por el daño moral producto de la destitución.
Según Diego García, el procurador del Estado, los exjueces eran vitalicios, no obstante la Constitución del 2008 restó el efecto de esa normativa. Por esta razón las indemnizaciones se contabilizan desde la fecha de la destitución hasta el año de vigencia de la nueva Carta Política.
