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La liquidación de contratos de gas se hizo sin regulación
Posted On 31 Oct 2017
Nuevos detalles se conocieron en torno a las dos glosas (por USD 49 millones y USD 31 millones) predeterminadas en contra de Jorge Glas y de otros cinco funcionarios del anterior Gobierno. Documentos revisados por este Diario muestran que para establecer este valor, la Contraloría enfocó su análisis en los primeros cuatro años de gestión de la Secretaría de Hidrocarburos, que fue creada en julio del 2010.
Según el examen Dase-0013-2016, esta entidad del Gobierno fue la encargada de la liquidación del contrato del Bloque 3 o campo Amistad, una reserva de gas natural ubicada en el golfo de Guayaquil. Pero después de todo un análisis, los auditores verificaron que en esa operación también intervinieron el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Viceministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Electricidad, la Secretaría de Hidrocarburos, la Subsecretaria de Gas Natural y el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. En el 2010, las últimas reformas a la Ley de Hidrocarburos obligaron a las petroleras a revisar sus contratos con el Estado y cambiarlos por otros de prestación de servicios.
Uno de los acuerdos que se analizó fue precisamente el Bloque 3. En ese entonces, el campo estaba operado por la empresa estadounidense EDC, que se encargó desde 1996 de explotar el gas natural. Pero a mediados de ese año, se le notificó de la terminación unilateral del contrato. Por la liquidación a esa compañía, el Estado canceló USD 49 millones. Pero la Contraloría observó que todo ese proceso se hizo sin que la Secretaría de Hidrocarburos haya elaborado alguna norma para regularlo.
Además, tampoco se elaboraron informes sobre las reuniones de trabajo, visitas a los campos ni sobre la participación de los funcionarios que intervinieron en las negociaciones. Por ese motivo, los auditores solicitaron información a Ramiro Cazar Ayala, exsecretario de Hidrocarburos. El exfuncionario, en una carta del 9 de julio del 2015, indicó que la liquidación del Bloque 3 debió ejecutarse de manera anticipada a lo planificado… Por lo tanto, no existió más normativa que la legal para ejecutar la liquidación. Cazar también señaló que fue el Ministerio de Sectores Estratégicos la entidad que se encargó de organizar el proceso de negociación.
En cambio, esta Cartera señaló que su rol fue solo de coordinación. La Contraloría estableció las mismas anomalías en una segunda operación, que también estaba a cargo de la Secretaría de Hidrocarburos. Esta es la concesión y transferencia de los bienes de la firma MachalaPower hacia la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Por este procedimiento, el Estado ecuatoriano pagó USD 31 millones a esa empresa.
Tanto las negociaciones con EDC y con MachalaPower se hicieron de forma paralela, pues en el 2010, la producción de gas natural del Bloque 3 era enviada a la central termoeléctrica MachalaPower, en El Oro, en donde se empleaba para generar electricidad. Tras el traspaso de esa compañía, la operación pasó a manos de Celec.
El informe de control estableció que la Secretaría de Hidrocarburos debía iniciar las liquidaciones y pagar un precio justo a las firmas. Pero tras auditar estas operaciones, la Contraloría determinó fallas, como la falta de parámetros y criterios para fijar los precios a liquidar. Además, la carencia de documentos que respalden los procesos y la inconsistencia de la información entregada, que impide conocer si hubo o no una comisión negociadora.
Aunque la Contraloría señala que no existieron los suficientes sustentos para establecer los valores, el informe confirma que esos rubros se basaron en un estudio elaborado por Gaffney, Cline&Associates. Esa consultoría determinó, entre sus conclusiones, que la planta tenía una rentabilidad baja y que en sus informes financieros se evidencian pérdidas acumuladas de 22 millones, del 2002 al 2009. (I)
Fuente: http://www.elcomercio.com/
