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La oposición junta pruebas contra Gustavo Jalkh
Posted On 06 Sep 2017
Quince días se tomarán los legisladores Esteban Bernal (Creo) y Raúl Tello (MUPP) para armar el pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh. La idea de los asambleístas es que el documento sea sólido en derecho para evitar que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo archive antes de que llegue a la Comisión de Fiscalización. Allí deberán presentar pruebas de cargo y de descargo.
La iniciativa de juicio fue presentada públicamente ayer, 5 de septiembre de 2017. Bernal y Tello cuentan con el apoyo de sus bancadas, que en total suman 38 legisladores. Según la Ley de la Función Legislativa, se necesitan al menos 35 firmas de respaldo para presentar un pedido de procesamiento político. Por ello, ese requisito no sería un inconveniente. Sin embargo, se espera que el resto de la oposición también se sume.
Los otros 25 votos con los que cuenta la oposición en este período pertenecen al PSC y a SUMA. Henry Cucalón, coordinador de la bancada socialcristiana, aclara que están a favor del proceso de fiscalización y en contra de coartar la independencia de la justicia. Pero, esperarán a tener la solicitud en sus manos para analizar si adhieren o no al pedido. Mientras que Guillermo Celi (SUMA) indicó que su bloque está recabando pruebas por su cuenta. Y espera reunirse con Bernal y Tello en los próximos días para analizar lo que tienen y ahí definir si firmarán o no.
El proceso de fiscalización se desprendió luego de la filtración de correos que muestran una supuesta presión política al sistema judicial. Sin embargo, esas pruebas generan reparos en el oficialismo, incluso antes de su presentación. Alianza País tiene mayoría legislativa y de sus votos dependerá la aprobación del juicio y una hipotética censura y destitución de Jalkh. Esteban Melo (AP) indicó que estos correos tienen fuerte debilidad en su veracidad. De hecho, si no han tenido cadena de custodia y no han sido obtenidos a través de una orden judicial perderían validez en un proceso penal, administrativo o político.
Ante esta primera reacción del oficialismo, Bernal y Tello critican que se esté anteponiendo la forma de obtención de estos insumos antes que su contenido. Sin embargo, para evitar que el proceso caiga buscarán más pruebas. Ayer, Hernán Ulloa, abogado de 40 exjueces, entregó a los asambleístas una recopilación de todos los casos de destitución de jueces bajo la figura de error inexcusable. El jurista explicó que esta es una medida usada para sancionar jueces por el cometimiento de una falta que un juez no pueda cometer por su conocimiento. Pero -añade- esto no puede ser declarado por una autoridad administrativa ya que un fallo judicial solo puede ser revisado por otro juez.
Ulloa analiza las acciones penales por estos casos. Estas destituciones serán sumadas al pedido, según Tello. Además, ayer pidieron a todas las personas que tengan denuncias sobre procesos judiciales que se las hagan llegar para fortalecer la solicitud. Por ejemplo, sumarán una grabación que posee el exjuez Alexander Espinales, sobre supuestas presiones que recibió de autoridades del Consejo de la Judicatura en Los Ríos. Este sería el tercer intento de juicio político que sustancia la actual Asamblea.
El primero fue en contra del excontralor Carlos Pólit y terminó en censura. El segundo fue propuesto en contra del vicepresidente Jorge Glas y no fue calificado. Luego de que el pedido se presente. José Serrano, presidente de la Asamblea, enviará la solicitud a la Comisión de Fiscalización. Esta instancia, dentro del plazo de cinco días, deberá verificar que cumpla con los requisitos o caso contrario archivará el caso. Una vez calificado el trámite, se notificará a Jalkh sobre el inicio del mismo. Tendrá 15 días para presentar las pruebas de descargo.
También se notificará a los asambleístas solicitantes, para que en el mismo plazo presenten sus pruebas. La Comisión de Fiscalización deberá remitir, en cinco días más, un informe que detalle, las razones para archivar el trámite o la recomendación del juicio político. Con eso, el presidente Serrano lo incorporará en el orden del día del Pleno para que se realice el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario. Los asambleístas que inicien el proceso deberán presentar la nómina de dos asambleístas que realizarán la interpelación. Todo el proceso podría durar unos 40 días. (I)
Fuente: http://www.elcomercio.com/
