Con 102 votos, el pleno de la Asamblea echó abajo la disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, del 3 de julio de 2017, que alertaba a los legisladores de que únicamente atenderá requerimientos de información a través de la presidencia del Parlamento.
De esa forma, en adelante, los asambleístas podrán solicitar de manera directa la información documentaria a todas las instancias estatales, incluidas las de la Función Ejecutiva, como parte del proceso de control político y de fiscalización.
La resolución la presentó el legislador Fernando Callejas (CREO), quien señaló que la Constitución y la Ley de la Función Legislativa garantizan el derecho de los asambleístas a pedir información de manera directa, sin restricciones.
Su colega Henry Cucalón (PSC) dijo que la resolución no es ninguna dádiva ni concesión de nadie, sino un reconocimiento de las facultades y atribuciones garantizadas en la Ley que habla sobre la facultad de los asambleístas de requerir información a los funcionarios.
Juan Lloret, del bloque de la Revolución Alfarista, indicó que lo importante es que la información llegue de manera oportuna y completa, pues sí ha existido demora.
Mae Montaño (CREO) coincidió con Lloret sobre la oportunidad de obtener información, pues reveló que lleva dos meses esperando los documentos de la Procuraduría General del Estado. Cuestionó que en los últimos años se implementó un bypasseo para acceder a datos oficiales. (I)
