Los medios incautados, clientes fijos de Creacional

TC Televisión y Gamavisión acarrean, según las autoridades, pérdidas millonarias. En los años previos, sin embargo, no escatimaron gastos en publicidad. De hecho, las dos empresas incautadas en 2008 por el gobierno de Rafael Correa eran clientes frecuentes de Creacional S.A.

La empresa, cuyo mayor accionista es Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración, exministro de Turismo y de la Producción y exsecretario de Comunicación, está bajo investigación de la Fiscalía y la Contraloría. En la primera, se revisan las operaciones inusuales detectadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). La segunda inició exámenes especiales a los contratos suscritos con el Estado.

Entre 2012 y 2017, Creacional S.A. tuvo al menos siete clientes del sector público: los dos canales incautados, Gobierno Provincial del Guayas, Unión Cementera Nacional, Tevecable (también incautada), Corporación Eléctrica del Ecuador y Escuela Politécnica del Litoral (ver gráfico).

La relación con el gobierno provincial del Guayas, dirigido por Jimmy Jairala (antiguo aliado de Rafael Correa) es una de las más sólidas. Entre 2011 y 2012, por ejemplo, Creacional ejecutó una campaña para consolidar la imagen institucional. Durante cuatro años se adjudicó sucesivos contratos para la colocación de espacios comunicacionales en canales de categoría abierta.

Según la Contraloría, también existe un contrato con la Agencia Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. La relación de Creacional y el Municipio de Quito también tiene larga data y se remonta a 2009, cuando Augusto Barrera estaba en la alcaldía.

Cuando se difundieron sus datos financieros y los de su empresa, Alvarado aseguró que los ingresos corresponden al ejercicio propio de la empresa de publicidad. La UAFE, sin embargo, cree que no todos los movimientos están justificados.

Contratación

No podrán celebrar contratos con las entidades contratantes (…) los ministros y secretarios de Estado, así como los cónyuges o parientes.

Servicio público

Prohíbese a los servidores públicos resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado por sí o por interpuesta persona. (I)