Tras un mes de que la Asamblea Nacional avaló la explotación en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní a través de una declaratoria, y por pedido del presidente Rafael Correa, varios sectores sociales aún mantienen su posición en contra de que se realice esta actividad.
Los opositores pretenden impedir la explotación a través de una consulta popular, acciones de resistencia o legales; quienes buscan la consulta han emprendido campañas a través de redes sociales y actividades públicas, para recoger las 583 324 firmas que necesitan para que se realice un referéndum, y que deben ser entregadas hasta marzo del 2014.
Las plataformas YASunidos y Frente de Defensa de la Amazonía, quieren que se les pregunte a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con que el crudo se quede bajo tierra.
Mientras que en el caso de las acciones legales, estas se empujan dentro y fuera del país. Hasta el momento existe una demanda de inconstitucionalidad a la explotación en el Yasuní interpuesta por el exmagistrado Tarquino Orellana.
En cuanto a las acciones legales que se realizan fuera del país, se ha pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas de protección en favor de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el parque.
Por su parte, Correa señaló el pasado 22 de octubre durante un conversatorio en la ciudad de Guayaquil, que ya hay avances en ciertos procedimientos previos a la explotación del ITT.
La parte técnica está muy avanzada, los permisos ambientales están muy avanzados, señaló el primer mandatario. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de cuándo será la consulta previa, no respondió, sino que reiteró que los trabajos se harán con absoluta responsabilidad.
