El pasado miércoles la Mesa de Justicia, integrada por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, realizó la primera evaluación de los aspectos negativos y positivos de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal desde el 10 de agosto pasado.
En dicha cita se conoció que hasta ahora 197 personas han recuperado la libertad, luego de audiencias públicas, por la aplicación de la favorabilidad de la ley y que hay unos 300 casos más represados esperando una resolución puesto que consideran que su pena se redujo o el tipo penal quedó extinto.
Para resolverlos, el fiscal general, Galo Chiriboga, propuso crear un equipo de 50 fiscales con igual número de jueces y defensores públicos para que en uno o dos fines de semana se evacúen audiencias y se defina la situación de estas personas.
La Mesa de Justicia también anunció que emitió un reglamento, el viernes pasado, para agilitar la entrega de boletas de auxilio a víctimas de violencia intrafamiliar cuando la agresión pasa de ser contravención (incapacidad menor a tres días) y se convierte en delito.


