La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador informó hoy de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha accedido a extraditar a Pablo Romero, jefe de la inteligencia ecuatoriana durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Según un comunicado de la defensa legal del Estado, el tribunal español dictó hoy un auto en el que asumía los argumentos de Ecuador en la audiencia del pasado 9 de enero para que Romero sea extraditado y pueda ser juzgado en el país por el presunto secuestro del político opositor Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia.
La Procuraduría aseguró que la decisión de la Audiencia Nacional concluyó que la documentación que sustenta el pedido de extradición aportada por Ecuador cumple todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en el tratado de extradición suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador como en la Ley de Extradición Pasiva española.
Asimismo, las causas de oposición a la extradición formuladas por Romero Quezada durante la vista del pasado día 9 de enero no resultan admisibles.
El que fuera director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) durante el mandato presidencial de Correa fue llamado a juicio por el caso Balda en noviembre del pasado año, junto con el propio exmandatario y dos agentes de seguridad más.
El 9 de noviembre, Ecuador solicitó a España la extradición de Romero, y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española aceptó a trámite dicha petición.
Antes, Ecuador había solicitado la extradición de Romero mediante una nota diplomática el 13 de julio de 2018, después de que Interpol España lo detuviera un mes antes en el municipio madrileño de El Escorial, tras la activación de la alerta roja a solicitud de las autoridades ecuatorianas.
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional española José de la Mata resolvió dejarlo en libertad hasta que se conocieran las pruebas procesales de la causa.
Contra Romero, la jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho presentó 25 elementos de convicción para fundamentar su llamado a juicio, como presunto responsable del operativo por el que agentes secretos ecuatorianos, bajo sus órdenes, supuestamente intentaron secuestrar al opositor Balda en agosto de 2012 en Colombia. (I)
