Las nuevas enmiendas establecidas en el proyecto de Ley para la Justicia Laboral, que incluyen la invalidación del contrato a plazo fijo y la fijación de límites en las escalas salariales, serían los asuntos preeminentes entre empresarios y el gobierno.
Según Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, las reformas de este proyecto de ley “provinieron de la visión unilateral del Ministerio de Trabajo, y no de un diálogo tripartito, compuesto por el sector empresarial, los trabajadores y el estado.
Rechazamos la insinuación de que este tipo de contrato se puede estar usando para precarizar las condiciones laborales, objetó Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, con respecto a la eliminación del contrato a plazo fijo o eventual.
En cuanto a las brechas salariales, el proyecto de ley estipula que el empleado que se ubique en la más baja escala salarial no deberá percibir menos de la veinteava parte de lo que percibe el funcionario de más rango, pero los empresarios discrepan en este punto, pues consideran que esto obstaculiza la contratación de personal altamente preparado.
Otro tema a considerar es el reemplazo de la jubilación patronal por un bono del estado, pues lo empresarios proponen un sólo pago acordado por el IESS y el Ministerio de Trabajo. (I)
