El operativo militar que el sábado pasado incautó y destruyó decenas de maquinarias dedicadas a la explotación minera informal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas, es cuestionado una vez más por los afectados y autoridades de la provincia, aunque funcionarios del régimen insisten en justificar la acción.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, indicó ayer que en el procedimiento se inutilizaron 67 maquinarias, pero dirigentes mineros indicaron que fueron más de 100 excavadoras, las destruidas con explosivos.
La acción dejó un herido de bala que se recupera en un hospital de Ibarra (Imbabura), mientras que los mineros y contratistas afectados ayer se hallaban en huelga de brazos caídos y alistaban protestas. Con asesoría de una abogada, piensan demandar nacional e internacionalmente al Estado, pues 14 concesionarios (que benefician a 400 personas) cuentan con permisos excepto el ambiental para explotar.
La intervención militar se respalda en el decreto ejecutivo 783 que dispone el estado de excepción en los dos cantones por 60 días a fin de prevenir, cesar y eliminar la minería ilegal y precautelar el derecho a la salud de sus pobladores y la conservación del ecosistema.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Minería de Esmeraldas, Guillermo Godoy, indicó que el exministro de Recursos no Renovables, Germánico Pinto, autorizó para que los pequeños mineros trabajen en el norte de Esmeraldas y que, inclusive, la semana pasada asistieron a una capacitación en el Ministerio del Ambiente. No se explican por qué se actuó contra todos, incluso contra quienes tramitaban sus permisos.
Fuente: Diario El Universo

