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<\/a>Imagen: El Comercio<\/p><\/div>\n
Un oficio con la respuesta del Alto Mando militar lleg\u00f3 esta ma\u00f1ana, lunes 23 de noviembre del 2015, a la oficina de Juan Pablo Alb\u00e1n, abogado de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarr\u00edn, exintegrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC). Hace 12 d\u00edas, el jurista envi\u00f3 una carta a Luis Garz\u00f3n, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la cual le solicitaba que aclarara cu\u00e1l es la posici\u00f3n institucional respecto a las presuntas torturas que se perpetraron entre 1985 y 1988, durante el gobierno de Le\u00f3n Febres Cordero.<\/p>\n
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En el oficio, Garz\u00f3n no lo aclara. El oficial \u00fanicamente se\u00f1ala que “de conformidad con la Ley Org\u00e1nica de Defensa Nacional”, los asuntos requeridos por las instituciones del Estado a las FF.AA, ser\u00e1n canalizados a trav\u00e9s del Ministerio de Defensa. Y agrega que “su pedido deber\u00e1 ser dirigido a trav\u00e9s de la mencionada autoridad pol\u00edtica”.<\/p>\n
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El 9 de noviembre, el Alto Mando se moviliz\u00f3 y lleg\u00f3 hasta la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, para respaldar a los cinco militares, hoy en retiro, procesados por perpetrar presuntos cr\u00edmenes de lesa humanidad contra Vaca, Cajas y Jarr\u00edn. Es el primer juicio que se desarrolla en el pa\u00eds bajo esa figura penal.<\/p>\n
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En el Gobierno, la presencia de la c\u00fapula militar en la CNJ no fue bien vista. El presidente Rafael Correa dijo que era “inadmisible, inoportuna e intolerable” la asistencia de los uniformados a la audiencia. (I)<\/p>\n
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