Seg\u00fan la Contralor\u00eda General, a m\u00e1s de 23 millones de d\u00f3lares asciende el perjuicio al estado ecuatoriano, en la adquisici\u00f3n de un sistema denominado “justicia 2.0” por parte del Consejo de la Judicatura.<\/p>\n
Este sistema buscaba dar soporte a los principios de oralidad y transparencia y ten\u00eda como prop\u00f3sito que todos los tr\u00e1mites judiciales se realicen de forma digital. La contrataci\u00f3n se hizo en el 2011.<\/p>\n
Esta ma\u00f1ana se desarroll\u00f3 una audiencia en el Tribunal Contenciosos Administrativo de Quito para pedir la nulidad a la glosa que la Contralor\u00eda impuso a la empresa Indra Sistemas y a dos ex funcionarios del Consejo de la Judicatura.<\/p>\n
El tema se remonta cuando la Judicatura de Transici\u00f3n contrat\u00f3 a Indra para que instale un software de videoconferencias y equipos de grabaci\u00f3n de audiencias.<\/p>\n
La Judicatura solicit\u00f3 a la Contralor\u00eda un examen especial al contrato y esta resolvi\u00f3 establecer una glosa por el monto total… es decir, por 23.7 millones de d\u00f3lares. (I)<\/p>\n
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