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El esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n petrolera, denunciado por la prensa, mantiene en guerra de protagonismos a tres representantes del Estado: Fiscal\u00eda, Asamblea y Gobierno nacional<\/p>\n
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El primero cerr\u00f3 ayer, por ley, la instrucci\u00f3n fiscal de la causa de cohecho con la que 22 exfuncionarios han sido procesados. El saldo para la Fiscal\u00eda sigue siendo deficiente: solo tres se encuentran detenidos, entre esos el que el fiscal Galo Chiriboga ha identificado como el cabecilla\u009d de la banda: Marco Calvopi\u00f1a<\/strong>, una teor\u00eda calificada de tonter\u00edas\u009d por el ala cr\u00edtica del oficialismo, que denuncia un intento por cerrar una investigaci\u00f3n sin todos los responsables identificados. Esta acusaci\u00f3n encuentra su principal sustento en los hechos procesales: a partir de ayer no se pueden admitir nuevas pruebas ni procesados.<\/p>\n \n El segundo se vierte desde el Gobierno, cada vez m\u00e1s interesado en figurar a la delantera. El asesor jur\u00eddico de la Presidencia, Alexis Mera, el primero en volver p\u00fablicos los nombres de los hoy sospechosos, menciona en un informe a Carlos Pareja Yannuzzelli, el exministro de Hidrocarburos y procesado de m\u00e1s alto rango. En su contra se valorar\u00e1 ma\u00f1ana una causa por enriquecimiento il\u00edcito en la Corte Nacional de Justicia (pues, como exministro goza de fuero de corte) que se sumar\u00e1 al proceso por cohecho. Esto, en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, podr\u00eda valerle 30 d\u00edas adicionales a la Fiscal\u00eda para investigar. Pero hay quienes creen que no es suficiente. (I)<\/p>\n