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Las pistas de los sobornos de Odebrecht en Ecuador conducen a la construcci\u00f3n de la central hidroel\u00e9ctrica San Francisco. El a\u00f1o 2016, el Ministerio de Justicia de Brasil solicit\u00f3 copias certificadas de los 713 cuerpos y 71 300 fojas del juicio por peculado que en Ambato se sigui\u00f3 en contra de los directivos de la constructora brasile\u00f1a. La petici\u00f3n se efectu\u00f3 al Archivo General de la Unidad Judicial Penal de Tungurahua, a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda General. La documentaci\u00f3n ya fue remitida a Brasil, informaron en el juzgado. La primera pieza de ese rompecabezas apareci\u00f3 en diciembre pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. revel\u00f3 que Odebrecht pag\u00f3 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano desde el 2007. Y puntualiz\u00f3 que en el siguiente a\u00f1o Odebrecht tuvo problemas por un contrato de construcci\u00f3n, y para solucionarlos contact\u00f3, a trav\u00e9s de un intermediario, a un funcionario que ten\u00eda control sobre contratos.<\/p>\n
En noviembre del 2010 esa causa penal fue archivada, luego de que el gobierno llegara a un acuerdo con la empresa. En el proceso revisado desde inicios de a\u00f1o por este Diario hay datos in\u00e9ditos. Una de las novedades es precisamente la advertencia que hizo la Procuradur\u00eda sobre la facultad de la Fiscal\u00eda de continuar con el proceso, m\u00e1s all\u00e1 de la firma del acuerdo. Eso nunca ocurri\u00f3. El acta tiene dos aspectos sustanciales: la primera es la obligaci\u00f3n de Odebrecht de reparar \u00edntegramente la central y pagar USD 20 millones como indemnizaci\u00f3n. Y la segunda, el compromiso del Gobierno de dar por terminadas todas las controversias derivadas del contrato de construcci\u00f3n y las acciones administrativas, arbitrales y judiciales iniciadas contra Odebrecht. Para llegar a un convenio con esa compa\u00f1\u00eda, Hidropastaza, principal accionista de la central, necesitaba la aprobaci\u00f3n del procurador, Diego Garc\u00eda. Eso, seg\u00fan record\u00f3 el funcionario, se concret\u00f3 en dos etapas.<\/p>\n
Una, entre mayo y julio del 2010, en la que Hidropastaza pidi\u00f3 a la Procuradur\u00eda autorizar la firma de la transacci\u00f3n, el 8 de julio. Luego de revisar los primeros informes -se\u00f1al\u00f3- llegamos a la conclusi\u00f3n de que en ese momento no era posible autorizar una transacci\u00f3n porque antes deb\u00eda ponerse fin a todas las controversias \u009d. A la cabeza de las negociaciones estuvo Ciro Mor\u00e1n Maridue\u00f1a, gerente de Hidropastaza, principal accionista de San Francisco. Al tanto de esas acciones tambi\u00e9n estuvo el hoy vicepresidente Jorge Glas. En esa \u00e9poca \u00e9l fue presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y de Sectores Estrat\u00e9gicos. Al ser consultado por este Diario en febrero, Glas record\u00f3 que se trat\u00f3 de un acuerdo de transacci\u00f3n complejo, que involucraba varios temas y que se cumplieron a lo largo de algunos a\u00f1os, en particular por el acompa\u00f1amiento y garant\u00edas. Para llegar al acuerdo, Odebrecht precisamente buscaba un acercamiento con Mor\u00e1n.<\/p>\n
En agosto del 2009, \u00e9l hab\u00eda presentado la acusaci\u00f3n particular contra la firma brasile\u00f1a en Ambato. En el Gobierno, Mor\u00e1n ocup\u00f3 diversos cargos. Fue secretario general del Fondo de Solidaridad, jefe del departamento Jur\u00eddico de la Celec y gerente de la Hidroel\u00e9ctrica del Litoral y de Ecuador Estrat\u00e9gico. El 4 de febrero de 2010, Odebrecht envi\u00f3 una carta a las autoridades, para solucionar los problemas en San Francisco y propuso el convenio de transacci\u00f3n que se puli\u00f3 las semanas siguientes, rese\u00f1an notas de prensa de la \u00e9poca. Una vez que se cumplieron las condiciones observadas, el procurador Garc\u00eda autoriz\u00f3 el acta de liquidaci\u00f3n transaccional el 1 de octubre del 2010. Se autoriza a Hidropastaza a transigir (acordar) con Odebrecht en los t\u00e9rminos del Acta de Liquidaci\u00f3n\u009d.<\/p>\n
Sobre el desistimiento de la acusaci\u00f3n particular se deja constancia de que con el convenio se han cubierto los perjuicios patrimoniales de Hidropastaza, por lo cual procede el mismo, sin perjuicio de la facultad de la Fiscal\u00eda para continuar el proceso\u009d. En la autorizaci\u00f3n del Procurador se agrega: expresamente se se\u00f1ala que el convenio no excluye al Consorcio por las determinaciones de responsabilidad que las autoridades de control puedan establecer administrativa o judicialmente\u009d. No pod\u00eda como Procurador pedir que la Fiscal\u00eda renuncie a su competencia para seguir un proceso\u009d, recalc\u00f3 Garc\u00eda. El 25 de octubre de 2010, Mor\u00e1n envi\u00f3 un oficio a la jueza primera temporal de garant\u00edas penales de Tungurahua desistiendo de la acusaci\u00f3n particular. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 a Contralor\u00eda que se desvanezcan las glosas y multas por 137,3 millones, ya que la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a se comprometi\u00f3 a reparar todos los da\u00f1os, lo cual fue verificado los meses siguientes.<\/p>\n
Tres semanas despu\u00e9s, el Juzgado Primero de Garant\u00edas Penales de Tungurahua dict\u00f3 auto de sobreseimiento definitivo a favor de los 28 enjuiciados, incluidos 20 exejecutivos de Odebrecht y archiv\u00f3 la causa. Lo hizo en vista de que la parte acusadora desisti\u00f3 de la demanda y de que la Fiscal\u00eda se abstuvo de acusar a los implicados, acatando el acta transaccional. El juicio se archiv\u00f3 El juicio que investig\u00f3 las anomal\u00edas de Odebrecht empez\u00f3 luego de que se detectaron las primeras fallas en la central, en noviembre del 2007. Se identificaron 253 problemas en la obra, que fue inaugurada cinco meses antes por el entonces presidente Rafael Correa. Los d\u00edas previos, autoridades de Hidropastaza, ejecutivos de Odebrecht y de la fiscalizadora Furnas-Integral, firmaron las actas de entrega-recepci\u00f3n en total conformidad. Al entregar el proyecto nueve meses antes de lo previsto, Odebrecht recibi\u00f3 un premio de 13,6 millones.<\/p>\n
Pero el colapso de la central era cuesti\u00f3n de tiempo. Cerca de un a\u00f1o despu\u00e9s de la inauguraci\u00f3n, la Hidroel\u00e9ctrica se paraliz\u00f3. Por la suspensi\u00f3n, que se extendi\u00f3 varias semanas, el Estado perdi\u00f3 26,5 millones.En los d\u00edas siguientes Correa expuls\u00f3 a Odebrecht del pa\u00eds. Tanto la Fiscal\u00eda como la Contralor\u00eda sostuvieron en el juicio que la central, presupuestada inicialmente en 286 millones, termin\u00f3 costando 368 millones, gracias a ilegales ajustes graduales al contrato\u009d, concretados con la firma de diez adendas (cambios). En tres adendums la Contralor\u00eda estableci\u00f3 indicios de responsabilidad penal que se incluyen en el juicio. El entonces fiscal general, Washington Pes\u00e1ntez, sostuvo que nunca supo de ellos y que el proceso no prosigui\u00f3 por el acuerdo <\/small>(I).<\/p>\n
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