![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/ECUADORTIMES_ECUADORNEWS_CONTRATOS_OSCUROS_SOBREPRECIOS_EN_CEDES_JUDICIALES.jpg\")
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Cuando inici\u00f3 la construcci\u00f3n, el Consejo de la Judicatura de Transici\u00f3n (CJT) estipul\u00f3 que las\u00a0Unidades Especializadas de la Funci\u00f3n Judicial de Guayaquil\u00a0<\/b>costar\u00edan $ 34 millones. Costaron el doble.<\/p>\n
La inversi\u00f3n se hizo a la velocidad de la luz. Meses antes, en 2011, la Funci\u00f3n Judicial hab\u00eda sido declarada en emergencia y era necesario que la edificaci\u00f3n de las plataformas fuera inmediata. Fueron aprobadas 47 construcciones y 26 remodelaciones en, al menos, 60 ciudades del pa\u00eds.<\/p>\n
A\u00f1os despu\u00e9s, los sobreprecios, las contrataciones poco claras y las facturas sin sustento son el legado del boom inmobiliario de la justicia. Un \u00edndice que, en total, termin\u00f3 superando por cerca de $ 26 millones el monto original planificado. As\u00ed lo establecen cuatro informes de la Contralor\u00eda General del Estado a los que EXPRESO tuvo acceso.<\/p>\n
En el an\u00e1lisis llevado a cabo por la instituci\u00f3n, y que revisa los contratos entre el 13 de julio de 2011 al 31 de marzo de 2013, hay problemas que se repiten: se adjudicaron contratos con empresas que no cumpl\u00edan los requerimientos subidos a la plataforma del Servicio Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica (Sercop), se invit\u00f3 al proceso de estudio y dise\u00f1o a profesionales en calidad de consultores individuales y se permiti\u00f3 la ejecuci\u00f3n de rubros nuevos sin la suscripci\u00f3n de contratos complementarios.<\/p>\n
En Guayaquil, por ejemplo, el inusitado costo de las Unidades Especializadas empez\u00f3 con los estudios de suelo, que presentaron fallas y debieron ser corregidos sobre la marcha.<\/b><\/p>\n
Tambi\u00e9n se hicieron modificaciones sustanciales al dise\u00f1o sin permiso de la CJT y se suscribi\u00f3 un nuevo contrato de $ 5 millones para la culminaci\u00f3n del inmueble estando a\u00fan vigentes el \u00bforiginal ($ 34 millones) y uno complementario ($ 9 millones).<\/p>\n
Por ese convenio adicional, se pagaron $ 5 millones m\u00e1s a la empresa Alessmart. \u00bfPor qu\u00e9? No hay explicaciones.<\/p>\n
Seg\u00fan la Contralor\u00eda,\u00a011 contratos fueron adjudicados a empresas que no cumpl\u00edan los requerimientos t\u00e9cnicos establecidos por la propia Judicatura, 16 superaban los valores base de las licitaciones para los a\u00f1os 2011 y 2012 y en 13 se ejecutaron rubros nuevos que no formaban parte del contrato<\/b>\u00a0y que fueron pagados sin mayor revisi\u00f3n.<\/p>\n
La instituci\u00f3n tambi\u00e9n analiz\u00f3 la construcci\u00f3n de la Unidad Especializada de la Funci\u00f3n Judicial en las avenidas Juan Le\u00f3n Mera y Veintimilla, en Quito.<\/p>\n
Acero y Afines Conacero S. A., compa\u00f1\u00eda del Grupo Empresarial Diacelec, era la responsable del proyecto. Esta \u00faltima era la mayor proveedora de Odebrecht en Ecuador. Su principal accionista, \u00c3\u0089dgar Arias, se encuentra procesado por asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n
Pero incluso antes del esc\u00e1ndalo, Diacelec ya hab\u00eda sido parte de una pesquisa judicial. En 2012 la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda sido mencionada en una indagaci\u00f3n relacionada a una red que ped\u00eda coimas a contratistas. Esto fue denunciado por el entonces secretario de Transparencia de Gesti\u00f3n, Edwin Jarr\u00edn, en relaci\u00f3n a los contratos de los edificios del CJT.<\/p>\n
Pero no acaba ah\u00ed. La propia sede del Consejo de la Judicatura tambi\u00e9n present\u00f3 irregularidades. Otro informe, este del periodo que va del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015, encontr\u00f3 que la declaratoria de emergencia que justificaba la reubicaci\u00f3n de sus dependencias no era v\u00e1lida.<\/p>\n
El Consejo de la Judicatura de Pichincha detall\u00f3 que la emergencia se deb\u00eda a la venta del edificio donde se encontraba… cuyo desalojo no era inminente\u009d, recoge el documento.<\/p>\n
A ra\u00edz de esta declaratoria se llevaron a cabo varias contrataciones directas sin mayor revisi\u00f3n de propuestas. Se adjudic\u00f3 un contrato de arrendamiento por $ 120.000, uno por la instalaci\u00f3n de puntos de voz y el\u00e9ctricos de $ 301.015, otro por servicio de traslado de $ 87.428, otro por la instalaci\u00f3n de persianas de $ 14.110 y por la instalaci\u00f3n de la central telef\u00f3nica de $ 22.400, arrojando un monto total de $ 544.953, cuyas caracter\u00edsticas de contrataciones, seg\u00fan Contralor\u00eda, no pueden ser constatadas.<\/p>\n
Otros resultados<\/b><\/p>\n
<\/b>Pichincha<\/b><\/p>\n
<\/b>El an\u00e1lisis del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015 indica que en ese periodo se hallaron cinco contratos en el Consejo de la Judicatura de Pichincha que se adjudicaron a empresas que no cumpl\u00edan los requisitos y que no fueron objetadas.<\/p>\n
Guayas<\/b><\/p>\n
Un informe que analiza del 1 de septiembre de 2011 al 31 de octubre de 2013 establece que existe un contrato con la empresa Vigilancia Industrial Comercial Vicosa que fue hecho de manera irregular y, a su vez, este se renov\u00f3 sin pasar por concurso p\u00fablico.<\/p>\n
Napo<\/b><\/p>\n
El an\u00e1lisis realizado a la construcci\u00f3n del edificio judicial de Tena arroj\u00f3 que este se hizo a trav\u00e9s de contrataci\u00f3n directa sin respaldo documental. Hay pagos de $ 3\u0099221.250 por aumentos en el costo de material que no pueden ser respaldados. (I)<\/p>\n
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