![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/CARTAS_AL_VICE_DE_MANO_RICARDO_RIVERA_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
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Aparentemente, el itineario era el mismo. Empresarios enviaban cartas al vicepresidente de la Rep\u00fablica, Jorge G., y luego aparec\u00edan en poder de Ricardo R., su t\u00edo y uno de los principales sospechosos en la instrucci\u00f3n fiscal que busca revelar la red de corrupci\u00f3n de Odebrecht.<\/strong> Copias de estas misivas son parte de las pruebas que entreg\u00f3 Alfredo A., testigo protegido y quien supuestamente era el hombre de confianza de Ricardo R. mientras trabaj\u00f3 en Televisi\u00f3n Satelital.<\/p>\n \u00c3\u0089l asegur\u00f3 a la justicia que sab\u00eda las contrase\u00f1as de los tel\u00e9fonos y correos de Ricardo R., por eso tuvo acceso a la documentaci\u00f3n que guardaba. Alfredo A. sac\u00f3 copia de los correos electr\u00f3nicos y de fotograf\u00edas que estuvieron guardadas en la memoria de los tel\u00e9fonos celulares de Ricardo R. Luego entreg\u00f3 esos archivos a la Polic\u00eda y a la Fiscal\u00eda. En el desarrollo de la instrucci\u00f3n, Criminal\u00edstica de la Polic\u00eda analiz\u00f3 esos archivos y detect\u00f3 cuatro fotos (capturas de pantalla) de las cartas que empresarios nacionales y extranjeros remitieron al Vicepresidente, durante este 2017, tras ganar las elecciones (ver facs\u00edmiles).<\/p>\n La primera de ellas fue del consorcio \u0098CCA Panam\u00e1 Corp\u0099, que buscaba presentarle una propuesta para invertir en la reconstrucci\u00f3n de las provincias de Manab\u00ed y Esmeraldas, las m\u00e1s afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. La misiva entr\u00f3 formalmente a la Vicepresidencia el 12 de abril de este a\u00f1o y dec\u00eda que CCA Panam\u00e1 Corp\u00a0 estaba dispuesta a trabajar en la construcci\u00f3n de viviendas, en infraestructura vial y social y en la reparaci\u00f3n del aeropuerto de Manta. CCA Panam\u00e1 Corp es subsidiaria de CCA (China Construction America), cuya casa matriz es CSCEC (China State Construction Engineering Corporation Ltd)<\/strong>, que est\u00e1 catalogada como uno de los conglomerados de inversionistas y de construcci\u00f3n m\u00e1s grandes del mundo.<\/p>\n Su sede est\u00e1 en Panam\u00e1 y trabaj\u00f3 en ese pa\u00eds y en otros de la regi\u00f3n. Su nombre tambi\u00e9n aparece en la lista de los papeles de Panam\u00e1, que revel\u00f3 el manejo de empresas offshore para evadir los controles de las autoridades judiciales. Otra de las cartas que consta en las pruebas entregadas por el testigo protegido y que ahora reposa en el expediente fiscal, fue de la empresa ecuatoriana \u0098JIK SA\u0099, la cual se dedica a la captaci\u00f3n, purificaci\u00f3n\u00a0 y tratamiento de agua para la industria y para otros usos. En una parte del texto, los representantes de la firma felicitaron al Vicepresidente por su reelecci\u00f3n. Tambi\u00e9n le solicitaron que interceda sus buenos oficios\u009d para tener una cita con Alexis S\u00e1nchez, en ese entonces, al frente de la Secretar\u00eda Nacional del Agua. El documento tiene fecha 11 de abril de 2017.<\/p>\n Ocho d\u00edas despu\u00e9s, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Sergio Ruiz Giraldo, remiti\u00f3 la carta a trav\u00e9s del sistema de comunicaci\u00f3n oficial Quipux al Secretario del Agua. En el memor\u00e1ndum le pide que analice el requerimiento de la compa\u00f1\u00eda y que si se requiere d\u00e9 una respuesta al solicitante. Alexis S\u00e1nchez, en una entrevista con este diario, reconoci\u00f3 que recibi\u00f3 el Quipux en la fecha se\u00f1alada\u00a0\u00a0\u00a0 y dijo que era un tr\u00e1mite normal de sus funciones, pero, aclar\u00f3, no se reuni\u00f3 con los delegados de la empresa. Asegur\u00f3 que nunca tuvo contacto personal o por cualquier otra \u00edndole con Ricardo R. La Fiscal\u00eda General del Estado tiene en su poder esos documentos y otros donde se repite el hilo conductor.<\/p>\n Por ejemplo, la misma ruta tuvo una carta del consorcio internacional \u0098Vea Group\u0099, que se sinti\u00f3 atra\u00eddo por el potencial minero de\u00a0 Ecuador a inicios de 2014. Durante la investigaci\u00f3n fiscal se\u00a0\u00a0 presentaron funcionarios de la Vicepresidencia y exministros, pero ninguno sabe c\u00f3mo llegaron esos documentos a poder de Ricardo R. Lo cierto es que un peritaje, esta vez realizado a su computadora, tambi\u00e9n encontr\u00f3 la carta enviada al Vicepresidente, en la que \u0098Vea Group\u0099 le explicaba su deseo de invertir en el proyecto minero Fruta del Norte, uno de los yacimientos de oro m\u00e1s grandes del pa\u00eds, ubicado en Zamora Chinchipe.<\/p>\n Esta misiva lleg\u00f3 al despacho del Vicepresidente el 1 de abril de 2014 y estaba suscrita por Michelangelo Vergopia, apoderado de \u0098Vea Group\u0099. El for\u00e1neo ped\u00eda una cita a Jorge G. para contarle la propuesta y decirle que el Exim Bank de India financiar\u00eda Fruta del Norte, lo cual respald\u00f3 con comunicaciones suscritas por los interesados. El 2 de abril de 2014, Sergio Ruiz, exsecretario de la Vicepresidencia, envi\u00f3 toda la documentaci\u00f3n a Rafael Poveda, exministro de Sectores Estrat\u00e9gicos, para que responda al empresario.<\/p>\n Nuevamente se hizo a trav\u00e9s del sistema Quipux, la red de comunicaci\u00f3n oficial del Gobierno, que permite intercambiar documentos seg\u00fan la jerarqu\u00eda del funcionario. El exsecretario de la Vicepresidencia dijo entonces a la Fiscal\u00eda que cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite normal y desconoc\u00eda c\u00f3mo llegaron esos documentos a Ricardo R. El exministro Poveda declar\u00f3 algo parecido. \u00c3\u0089l asever\u00f3 que no entreg\u00f3, ni facilit\u00f3 esa documentaci\u00f3n a personas ajenas al Ministerio y que tampoco conoce a Ricardo R., ni ha tenido comunicaci\u00f3n con \u00e9l. Agreg\u00f3 que no se concret\u00f3 la inversi\u00f3n de \u0098Vea Group\u0099.<\/p>\n <\/p>\n Una relaci\u00f3n familiar<\/strong><\/p>\n El vicepresidente Jorge G. defiende sus actos y asegura que la relaci\u00f3n con su t\u00edo Ricardo R. era solo familiar. Pero la Fiscal\u00eda duda de aquello, por eso sum\u00f3 al Segundo Mandatario a la investigaci\u00f3n por la red de Odebrecht y pidi\u00f3 que sea detenido. Esta medida la cumple en la C\u00e1rcel 4 de Quito. Ricardo R. es considerado por la Fiscal\u00eda como uno de los protagonistas en la trama de corrupci\u00f3n de la empresa brasile\u00f1a.<\/p>\n El exdirector de la constructora en Ecuador, Jos\u00e9 Concei\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Santos, asegur\u00f3 a la justicia que le entreg\u00f3 $ 14 millones para que, supuestamente, interceda con Jorge G. para el retorno de Odebrecht al pa\u00eds y para que se convierta en el ganador de cinco obras de magnitud que realiz\u00f3 el Gobierno. Para demostrar sus palabras grab\u00f3 en secreto sus reuniones y conversaciones con Ricardo R. Los acusados piden mantener la objetividad dentro de la investigaci\u00f3n\u009d de la Fiscal\u00eda. An\u00edbal Quinde, abogado de Ricardo R., sostuvo que no se habla de una asociaci\u00f3n il\u00edcita por cualquier documento que, presuntamente, fue encontrado en la computadora o tel\u00e9fonos de su cliente y que antes fue enviado a la Vicepresidencia de la Rep\u00fablica. Para demostrar alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n irregular, recalc\u00f3 Quinde, deben hallarse pruebas que evidencien el eje de la indagaci\u00f3n.<\/p>\n Es decir\u00a0 los supuestos sobornos de Odebrecht. No hay ninguna evidencia\u009d.\u00a0\u00a0 Por su parte, el Vicepresidente, en su \u00faltimo testimonio en la Fiscal\u00eda General del Estado, reiter\u00f3 que no puede responder por los actos u omisiones de terceras personas\u009d, y record\u00f3 que jur\u00eddicamente la responsabilidad penal es individual. Adem\u00e1s, declar\u00f3 que s\u00ed intercambi\u00f3 correos con su t\u00edo, pero no remiti\u00f3 las cartas que llegaron a su oficina por parte de inversores. Tambi\u00e9n recalc\u00f3 que su \u00fanica relaci\u00f3n con Ricardo R. era familiar y no era cercana por diferencias pol\u00edticas. Recuerdo haber intercambiado muchos correos electr\u00f3nicos con Ricardo R. respecto a una acusaci\u00f3n que se me hizo respecto al informe t\u00e9cnico que present\u00e9 para mi graduaci\u00f3n en la Escuela Polit\u00e9cnica del Litoral, lo cual es un tema personal.<\/p>\n Quiz\u00e1s en alg\u00fan momento pude haber comentado algo acerca del est\u00e1ndar de televisi\u00f3n digital, ya que Ricardo R. era miembro del Directorio de la Asociaci\u00f3n de Canales de Televisi\u00f3n\u009d. Sostuvo que no existen contradicciones en su declaraci\u00f3n sobre las relaciones que manten\u00eda con su t\u00edo. Lo he visto pocas veces al a\u00f1o, lo cual es cierto, incluso en honor a la verdad hubo \u00e9pocas o per\u00edodos de profundo distanciamiento en raz\u00f3n de las cr\u00edticas de Ricardo R. a determinadas pol\u00edticas y acciones del Gobierno Nacional\u009d.<\/p>\n <\/p>\n Abogado cree que es venganza<\/strong><\/p>\n Eduardo Franco, abogado del vicepresidente Jorge G., est\u00e1 convencido de que detr\u00e1s de la investigaci\u00f3n fiscal hay una vendetta pol\u00edtica, donde jueces y fiscales aparecen como supuestos c\u00f3mplices. El jurista p\u00fablicamente ha dicho que las pruebas entregadas por el testigo Alfredo A. carecen de valor jur\u00eddico y afectan el debido proceso que en todo juicio debe ser una garant\u00eda.<\/p>\n \u00c3\u0089l sostuvo que no se puede comprobar la veracidad de los documentos entregados por Alfredo A. como evidencia.\u00a0 Este \u00faltimo asegur\u00f3 que destruy\u00f3 la computadora de Ricardo R. en la que guard\u00f3 la informaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos antes de entregarla a la Fiscal\u00eda. Para Franco, solo con ese aparato se comprobar\u00eda si las evidencias no fueron adulteradas o creadas ilegalmente. Informaci\u00f3n sobre las investigaciones fiscales y la Judicatura en las evidencias<\/p>\n <\/p>\n El fiscal Wilson Toainga (der.) indaga la denuncia de irregularidades en la venta anticipada de petr\u00f3leo a Tailandia y la red de corrupci\u00f3n de Odebrecht. Foto: Miguel Jim\u00e9nez<\/p><\/div>\n <\/p>\n <\/p>\n En las evidencias del testigo protegido Alfredo A. tambi\u00e9n se encontraron\u00a0 indicios de que Ricardo R. conoc\u00eda las investigaciones en las que trabajaba la Fiscal\u00eda General del Estado. En una fotograf\u00eda se lee. 20 de febrero de 2017. Jorge D. Glas Espinel. 06-2017. Dr. Wilson Toainga Secretaria Ab. Andrea Icaza. De ah\u00ed salen todos. Peculado. Caminosca. Denuncian CREO. Denuncia Len\u00edn Hurtado. Denuncia Mont\u00fafar. \u0098Capaya\u0099. Odebrech\u009d. (ver facs\u00edmiles).<\/p>\n La indagaci\u00f3n 06 -20017 s\u00ed la lleva adelante el fiscal Wilson Toainga (foto) y se trata sobre la denuncia de supuestas irregularidades en la venta anticipada de petr\u00f3leo a Tailandia. El tr\u00e1mite de este caso se mantiene en sigilo, porque as\u00ed lo determina el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP). P\u00fablicamente se conoce que el fiscal Toainga tambi\u00e9n indaga la red de corrupci\u00f3n de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht y las denuncias que presentaron los asamble\u00edstas del Movimiento CREO y el exlegislador C\u00e9sar Mont\u00fafar, quien se convirti\u00f3 en acusador particular en el caso de asociaci\u00f3n il\u00edcita para favorecer a la firma brasile\u00f1a.<\/p>\n En la Fiscal\u00eda General del Estado no hubo una respuesta formal a la presencia de esta fotograf\u00eda dentro de las pruebas del testigo Alfredo A. Hasta el viernes pasado los investigadores\u00a0\u00a0 analizaban el expediente por asociaci\u00f3n il\u00edcita y otros documentos que han llegado los \u00faltimos d\u00edas a la Fiscal\u00eda. Entre ellos, por ejemplo, los resultados de las 10 auditor\u00edas que realiz\u00f3 la Contralor\u00eda a los contratos firmados por Odebrecht, donde se encontraron indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios p\u00fablicos y ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda constructora.<\/p>\n Los resultados de esos ex\u00e1menes podr\u00edan desencadenar nuevas investigaciones fiscales en contra de m\u00e1s personas por la red de Odebrecht. Pero esta no ser\u00eda la \u00fanica evidencia de que Ricardo R. pretendi\u00f3 influenciar en las decisiones de la justicia. El 25 de agosto de 2011 envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a la cuenta archivos123456@gmail.com, con el asunto: Adjunto documentos escaneados de la denuncia al Consejo de la Judicatura\u009d. En el cuerpo del email se evidencia que Ricardo R. pidi\u00f3 a esa persona hablar con uno de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura de Transici\u00f3n, para interceder en una denuncia contra tres jueces de lo Civil de la provincia de Guayas.<\/p>\n El correo dice textualmente lo siguiente: Envi\u00e9selo y hable con Yavar. Esta es queja formal que se present\u00f3 ante el Consejo de la Judicatura de Guayas. Yavar controla a la de aqu\u00ed del Guayas\u009d. El miembro del Consejo de la Judicatura de Transici\u00f3n al que se hace referencia es Fernando Yavar, uno de los tres integrantes del organismo, que trabajaron en la reforma del sistema judicial luego de la consulta popular de mayo de 2011.<\/p>\n El caso al que hace referencia Ricardo R. era el litigio por una propiedad en Samborond\u00f3n, en la cual una de las partes solicitaba que se sancionara a tres jueces de la provincia, porque, supuestamente, los perjudic\u00f3. La queja lleg\u00f3 al Consejo de la Judicatura, pero en los archivos de esa dependencia no se encuentra una sanci\u00f3n a los tres magistrados por este caso.<\/p>\n <\/p>\n Juicio suspendido hasta el fallo de recusaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n <\/p>\n El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, \u00c3\u0089dgar Flores Mier, tiene en sus manos la denuncia por recusaci\u00f3n presentada por la defensa del vicepresidente Jorge G. en contra del magistrado Miguel Jurado (foto). En esa querella se sostiene que se afect\u00f3 el derecho a la defensa del Segundo Mandatario, en el proceso por, supuesta, asociaci\u00f3n il\u00edcita para favorecer a la multinacional Odebrecht. Su abogado, Eduardo Franco, sostuvo que el juez Miguel Jurado no es una persona id\u00f3nea\u009d para llevar el proceso penal en contra del Vicepresidente. No tiene la imparcialidad necesaria para continuar en el proceso, en la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio\u009d, recalc\u00f3 en una publicaci\u00f3n en su Twitter. Hasta que se resuelva la acusaci\u00f3n contra Jurado, la convocatoria a esta audiencia qued\u00f3 en suspenso.<\/p>\n En esta diligencia la Fiscal\u00eda General del Estado presentar\u00e1 su dictamen a favor o en contra de los 18 implicados en el expediente de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Esta es la etapa previa al juicio y a la sentencia de la justicia. Una de las primeras acciones que realiz\u00f3 el conjuez Flores fue fijar una cauci\u00f3n de tres salarios b\u00e1sicos unificados del trabajador para proceder con el tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n. El pago de este dinero es una norma prevista en la legislaci\u00f3n y fue cancelado por los demandantes. Adicionalmente, la defensa del Segundo Mandatario present\u00f3 una denuncia penal y una queja al Consejo de la Judicatura en contra del magistrado Jurado.<\/p>\n Seg\u00fan Franco, estas acciones no implican que se quiera dilatar el proceso, sobre todo la audiencia previa al juicio, sino que se est\u00e1 precautelando los derechos de Jorge G. Por eso, dijo, acudir\u00e1n a instancias internacionales para denunciar los abusos que se han cometido en este caso. No obstante, desde el terreno pol\u00edtico se espera que la Fiscal\u00eda pueda presentar su dictamen. Los legisladores Wilma Andrade (Izquierda Democr\u00e1tica) y Henry Kronfle (Partido Social Cristiano) aseguraron que este pronunciamiento es fundamental para un juicio pol\u00edtico a Jorge G.<\/p>\n <\/p>\n El intercambio de correos<\/strong><\/p>\n En los documentos entregados por el testigo protegido Alfredo A. se encuentran\u00a0 las copias de 122 emails entre el vicepresidente Jorge G. y Ricardo R. Tambi\u00e9n hay emails en los cuales Ricardo R. se comunica con funcionarios del anterior Gobierno y recomienda la contrataci\u00f3n de personal o el estudio de determinados proyectos legales.<\/p>\n La Unidad de Criminal\u00edstica de la Polic\u00eda someti\u00f3 toda esa documentaci\u00f3n a un an\u00e1lisis. El peritaje es parte del expediente fiscal por supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita para beneficiar con contratos a la constructora Odebrecht en los \u00faltimos seis a\u00f1os. La investigaci\u00f3n fiscal se extiende en m\u00e1s de 47.000 hojas. En ellas se encuentran m\u00e1s de 60 versiones de los acusados y de testigos.<\/p>\n Los informes de movimientos\u00a0 bancarios fuera y dentro del pa\u00eds. Adem\u00e1s, de las investigaciones que realizaron otros pa\u00edses, como Brasil, Panam\u00e1 y Estados Unidos. 18 personas son indagadas por la Fiscal\u00eda por supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita. Hasta el momento, cuatro implicados han confesado que fueron parte de la red de sobornos, ellos son los ecuatorianos Gustavo M., Jos\u00e9 T. y Kleper V., y el brasile\u00f1o Jos\u00e9 Santos. (I)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/CARTAS_AL_VICE_DE_MANO_RICARDO_RIVERA_1_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
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