![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/CON_SEIS_DILIGENCIAS_EMPIEZA_INVESTIGACION_FISCAL_GENERAL_ECUADORTIMES_ECUADORNEWS.jpg\")
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Ma\u00f1ana, a las 09:00, Fernando Villavicencio, uno de los denunciantes, rendir\u00e1 su versi\u00f3n libre y voluntaria ante la fiscal subrogante, Thania Moreno, en el presunto delito de peculado.<\/strong> A base de un informe con indicios de responsabilidad penal y de las denuncias de Fernando Villavicencio y Andr\u00e9s Pa\u00e9z, la fiscal subrogante, Thania Moreno, inici\u00f3 la apertura de una indagaci\u00f3n previa contra el fiscal general del Estado, Carlos Baca.<\/p>\n El informe fue presuntamente emitido por la Contralor\u00eda General del Estado. Los dos denunciantes solicitaron un acto urgente para investigar un presunto delito de peculado contra el Fiscal, sobre las actividades como presidente de la Comisi\u00f3n 30-S, conformada por el expresidente Rafael Correa en 2013, para investigar los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.<\/p>\n De acuerdo con Villavicencio y P\u00e1ez, los tres integrantes de la comisi\u00f3n 30-S supuestamente cobraron valores, cuando no se contemplaba en los documentos que justificaban el trabajo de los integrantes.<\/p>\n La denuncia se ampara en un informe de la Contralor\u00eda de 400 p\u00e1ginas, expuesto a la Fiscal\u00eda el 23 de diciembre de 2016, indican los oponentes. Thania Moreno, quien acogi\u00f3 el pedido, dispuso el inicio de la investigaci\u00f3n reservada y orden\u00f3 como diligencias iniciales que un capit\u00e1n de la Polic\u00eda investigue los hechos y que entregue el primer informe en un plazo no mayor a 20 d\u00edas, contados a partir del martes \u00faltimo. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 a la Secretar\u00eda Nacional de Inteligencia (Senain) que remita copias certificadas sobre los pagos especiales que hizo la entidad entre septiembre de 2013 y marzo de 2014. Adem\u00e1s solicit\u00f3 a la Contralor\u00eda que certifique si emiti\u00f3 el informe con indicios de responsabilidad penal contra Baca y los dos comisionados.<\/p>\n Otra diligencia dispuesta es la recepci\u00f3n de versi\u00f3n libre y voluntaria de Fernando Villavicencio ma\u00f1ana, a las 09:00, en el cuarto piso de la Fiscal\u00eda de Pichincha. Pidi\u00f3 que se oficie a Alfredo Veintimilla, secretario general de la Fiscal\u00eda General, para que informe si recibi\u00f3 en su despacho el oficio del 23 de diciembre de 2016 y anexos, suscrito por Daniel Fern\u00e1ndez de C\u00f3rdova, contralor subrogante, y si lo tiene, remita copias certificadas del documento y anexo en el plazo de 72 horas. Moreno solicit\u00f3 que se oficie al Registro Oficial para que remita copia certificada del Decreto Ejecutivo N\u00b0 22 del 10 de junio de 2013,\u00a0 para lo cual otorga un plazo de 48 horas.<\/p>\n <\/p>\n Fiscal dice que indagaci\u00f3n en su contra carece de sustento<\/strong><\/p>\n Ayer, en conferencia de prensa en la que no respondi\u00f3 preguntas, el fiscal Carlos Baca dijo que la investigaci\u00f3n previa iniciada en su contra por Moreno carece de sustento t\u00e9cnico, procesal y est\u00e1 fundada en un pasqu\u00edn cuyo origen se desconoce. Adem\u00e1s, no responde a un prop\u00f3sito judicial\u009d, sino al cumplimiento de \u00f3rdenes de oscuros personajes\u009d. A su criterio, el supuesto informe con indicios de responsabilidad penal fue forjado, ya que el n\u00famero asignado al documento (37616) del 23 de diciembre de 2016\u00a0 corresponde a una delegaci\u00f3n que hace la Contralor\u00eda a dos abogados para que intervengan en una audiencia.<\/p>\n Record\u00f3 que para postularse al cargo de Fiscal, en enero de 2017, el Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana y Control Social le solicit\u00f3 a la Contralor\u00eda que certifique si los postulantes, entre los que se encontraba Baca Mancheno, si ten\u00edan alg\u00fan tipo de indicio de responsabilidad penal, administrativa o culposa, la respuesta fue que no hab\u00eda nada. Para Baca Mancheno, es muy evidente que la lucha que ha asumido la Fiscal\u00eda General del Estado y el Fiscal General quiere ser empa\u00f1ada por intereses particulares en esconder la corrupci\u00f3n y en favorecer la impunidad\u009d.<\/p>\n Denunci\u00f3 que existen intereses para impedir que \u00e9l contin\u00fae en la lucha contra la corrupci\u00f3n, los cuales ser\u00e1n develados oportunamente\u009d y anticip\u00f3 que hay casos de enorme gravedad donde hay personas potencialmente involucradas con fuero de corte, a las que les resulta inc\u00f3moda la presencia de un Fiscal que no tiene mancha alguna\u009d. Sin embargo, en su exposici\u00f3n de alrededor de 22 minutos, Baca, quien estuvo acompa\u00f1ado de sus cercanos colaboradores y personal administrativo, en ning\u00fan momento se refiri\u00f3 al cuestionamiento de los denunciantes, de que habr\u00eda cobrado ciertos valores por el trabajo en la Comisi\u00f3n del 30-S.<\/p>\n <\/p>\n Contralor confirma que no hay ning\u00fan informe contra Baca <\/strong><\/p>\n El contralor general del Estado, Pablo Celi, indic\u00f3 ayer que no existe el supuesto informe de indicios de responsabilidad penal, que habr\u00eda sido emitido por la entidad a su cargo, sobre el uso de los gastos reservados destinados a la Secretar\u00eda Nacional de Inteligencia.<\/p>\n En declaraciones a un canal de televisi\u00f3n, Celi record\u00f3 que hace 5 o 6 meses la Contralor\u00eda emiti\u00f3 un pronunciamiento e informe ante un requerimiento de la Asamblea Nacional respecto a la supuesta existencia de un informe penal en este campo. En aquel entonces se revisaron las bases documentales de la Contralor\u00eda y ese documento no consta en los archivos de la Contralor\u00eda, no consta en la base documental, que es un requisito fundamental para el an\u00e1lisis de gastos reservados\u009d.<\/p>\n El funcionario anticip\u00f3 que una vez que reciba el pedido de la fiscal subrogante, Thania Moreno, analizar\u00e9 el requerimiento y dar\u00e9 una respuesta con un sustento, en la base legal para el juzgamiento de gastos reservados y con un sustento suficiente en la base documental de la Contralor\u00eda General del Estado\u009d. (I)<\/p>\n <\/p>\n Seg\u00fan decreto, el trabajo de comisionados era gratuito<\/strong><\/p>\n Con fecha 10 de junio de 2013, el presidente de la Rep\u00fablica de ese entonces, Rafael Correa, expidi\u00f3 el Decreto Ejecutivo N\u00b0 22, a trav\u00e9s del cual conform\u00f3 la Comisi\u00f3n para la investigaci\u00f3n de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Seg\u00fan el documento, el organismo, que estaba integrado por \u00c3\u0093scar Bonilla, Diego Guzm\u00e1n y Carlos Baca, quien lo presidi\u00f3, funcionara por seis meses prorrogables hasta por igual plazo. Adem\u00e1s, estableci\u00f3 que sus miembros ejercier\u00e1n el cargo de manera gratuita, sin perjuicio de que les cubran los valores por vi\u00e1ticos, movilizaciones y otros que ellos necesiten para cumplir con la tarea encomendada.<\/p>\n El decreto dispuso que para su trabajo la comisi\u00f3n solicite la desclasificaci\u00f3n de archivos, informes y documentos calificados y que su gesti\u00f3n terminar\u00eda con la presentaci\u00f3n del informe final al presidente Correa y a la Fiscal\u00eda. Tras un a\u00f1o de investigaciones y recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n, el 4 de junio de 2014 la Comisi\u00f3n entreg\u00f3 a Correa el informe, en el que ratifica la tesis de un intento de golpe de Estado. El documento de tres cap\u00edtulos asegura en la primera conclusi\u00f3n que el 30-S fue un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilizaci\u00f3n regional\u009d, y determinaba que hay m\u00e1s de 50 responsables. (I)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n