![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/El-IESS-recibira\u00cc\u0081-aporte-del-40-del-Estado-desde-el-2019_ecuadortimes_Ecuadornews_3.jpeg\")
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)<\/strong> comenzar\u00e1 a cobrar el 40% de aporte estatal a partir del 2019, seg\u00fan detalla la sentencia emitida<\/strong> el pasado mi\u00e9rcoles 21 de marzo del 2018 por la Corte Constitucional.<\/p>\n El \u00f3rgano judicial declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 68.1, en el segundo y tercer inciso de la Ley de Justicia Laboral, vigente desde el 2015.<\/p>\n Esta norma sustitu\u00eda el aporte fijo del Estado del 40% para el fondo de pensiones por una garant\u00eda que aplicaba \u00fanicamente cuando el Seguro Social no cuente con los recursos econ\u00f3micos para cubrir las obligaciones en curso de pago. Pero el fallo tendr\u00e1 efectos generales para el a\u00f1o pr\u00f3ximo.<\/p>\n La Corte estableci\u00f3 que el aporte deber\u00e1 ser considerada de manera obligatoria en el momento en el que se proceda a la elaboraci\u00f3n de la Pro forma presupuestaria correspondiente al a\u00f1o 2019, esto de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 294 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica\u009d, se\u00f1ala el documento.<\/p>\n El Frente Nacional de Jubilados del IESS (Frenjubiess) se congratul\u00f3 ayer por la sentencia de la Corte Constitucional. Esper\u00e1bamos esta decisi\u00f3n desde hace 1 180 d\u00edas desde que presentamos la demanda, en abril del 2015, porque sent\u00edamos que el Seguro Social iba progresivamente a quebrar\u009d, indic\u00f3 Francisco Ortiz, presidente del gremio.<\/p>\n Sin embargo, la agrupaci\u00f3n esperaba que la sentencia se cumpla con efecto retroactivo. Subray\u00f3 que el Estado debe cancelar al Seguro USD 4 400 millones por lo que se dej\u00f3 de aportar a la entidad desde que entr\u00f3 en vigencia la ley hasta el a\u00f1o en curso, m\u00e1s los intereses. Si no es retroactivo nos estar\u00edan saqueando\u009d, subray\u00f3 Ortiz.<\/p>\n El grupo de jubilados prev\u00e9 presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o al Tribunal Internacional de La Haya. La Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), en una nota final del pasado 15 de marzo, inform\u00f3 que la eliminaci\u00f3n del 40% de aporte estatal fue una medida que incidi\u00f3 negativamente en la sostenibilidad del Seguro Social.<\/p>\n De USD 1 100 millones que presupuest\u00f3 el Estado para el IESS en 2015, la contribuci\u00f3n cay\u00f3 a USD 200 millones anuales y este a\u00f1o se presupuestaron apenas USD 220 millones, de los cuales USD 153,7 millones se destinar\u00e1n a pensiones. El fondo de jubilaci\u00f3n mantiene un d\u00e9ficit presupuestario que oblig\u00f3 a la entidad a recurrir este a\u00f1o a una nueva desinversi\u00f3n por USD 1 669,6 millones, para cubrir los gastos de prestaciones, debido a que los ingresos por aporte de los afiliados no son suficientes.<\/p>\n Aunque el pago se realice en 2019, analistas financieros consideran que la falta de pago estatal entre los a\u00f1os 2015 y 2018 acrecentar\u00e1 el d\u00e9ficit financiero de la entidad. Para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, lo m\u00e1s preocupante de esto es que ser\u00e1 un gasto permanente que Finanzas deber\u00e1 fondear con gastos permanentes (tributos).<\/p>\n Los ingresos permanentes en 2015 apenas superaban en USD 1 600 millones a los gastos permanentes. En la pro forma 2018, ese excedente se redujo a 600 millones\u009d, detall\u00f3. El aporte anual del Estado al IESS se calcula por encima de los USD 1 000 millones al a\u00f1o.<\/p>\n El economista Jaime Carrera calcula que esto incrementar\u00e1 el d\u00e9ficit fiscal en al menos un punto adicional del producto interno bruto (PIB). No hay liquidez. Deber\u00edan cancelarlo en el margen de un programa fiscal hasta el 2021, y dentro de eso establecer un programa para que se haga a trav\u00e9s de bonos, pero es m\u00e1s deuda p\u00fablica\u009d.<\/p>\n Sobre la eliminaci\u00f3n del l\u00edmite de 24 salarios b\u00e1sicos a las utilidades que reciben los trabajadores, la sentencia se\u00f1ala que la declaratoria de inconstitucionalidad tendr\u00e1 efecto para el per\u00edodo fiscal 2017, es decir, para las utilidades que reciben los trabajadores este a\u00f1o. Rafael Oyarte, constitucionalista y quien present\u00f3 una de las demandas a nombre de un grupo de trabajadores, critic\u00f3 la tardanza en el pronunciamiento de la Corte, pues cree que pudo ser m\u00e1s diligente. (I)<\/small><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n