{"id":252000,"date":"2018-11-20T00:00:00","date_gmt":"2018-11-20T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/la-judicatura-detecto-usd-415-millones-por-gastos-adicionales\/"},"modified":"2018-11-20T00:00:00","modified_gmt":"2018-11-20T00:00:00","slug":"la-judicatura-detecto-usd-415-millones-por-gastos-adicionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/la-judicatura-detecto-usd-415-millones-por-gastos-adicionales\/","title":{"rendered":"La Judicatura detect\u00f3 USD 41,5 millones por gastos adicionales"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de un nuevo estudio, el Consejo de la Judicatura analiz\u00f3 detenidamente las obras ejecutadas en el pa\u00eds y los valores pagados entre septiembre del 2011 y enero del 2014. <\/p>\n\n\n\n

El documento concluye que de los 87 contratos para construcci\u00f3n o adecuaci\u00f3n de unidades judiciales firmados en ese per\u00edodo, 56 presentaron incrementos en los valores respecto de los montos iniciales. Los incrementos van desde el 4% hasta el 61% del valor del contrato original.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En dinero significa pagos por USD 41,5 millones adicionales. Entre las causas que motivaron ese aumento est\u00e1n nuevas \u00f3rdenes de trabajo, incremento de los rubros y obras complementarias. <\/p>\n\n\n\n

El informe de la Judicatura indica que estos aumentos se ejecutaron sin sustento t\u00e9cnico, sin haber certificado si existen o no recursos y violando la Ley del Sistema de Contrataci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Por ejemplo, en el art. 88 de esa norma se indica que el incremento de las obras o rubros adicionales no podr\u00e1 sobrepasar el 25% respecto del contrato original. En el caso del Consejo de la Judicatura, de las 57 obras que tuvieron incrementos, siete presentan mayor problema. <\/p>\n\n\n\n

Estas edificaciones justamente tienen rubros que exceden el 25%. Estas son: las unidades judiciales de Latacunga (Cotopaxi), Paute (Azuay), Cayambe (Pichincha), Caluma (Bol\u00edvar) y Portoviejo (Manab\u00ed). Y los juzgados que funcionan en el edificio de la Bolsa de Valores de Guayaquil y en el centro comercial Alb\u00e1n Borja, en esa misma ciudad del Guayas. <\/p>\n\n\n\n

La Judicatura ya remiti\u00f3 esta informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda y a la Contralor\u00eda. A esta \u00faltima instituci\u00f3n solicit\u00f3 un examen especial para conocer si hubo o no un posible sobreprecio durante las anteriores administraciones. <\/p>\n\n\n\n

Para Marcelo Merlo, presidente de la actual Judicatura, estos procedimientos por fuera de la Ley de Contrataci\u00f3n se hicieron en un contexto en el que la justicia fue declarada en emergencia. <\/p>\n\n\n\n

Es importante recordar qu\u00e9 pas\u00f3 entre el 2011 y 2013, porque esa declaratoria es la base con la que se permiti\u00f3 contratar a dedo\u009d. Explic\u00f3 que los convenios de pagos son instrumentos de excepci\u00f3n y se pueden usar por una sola vez. Se debe analizar tambi\u00e9n la legalidad, c\u00f3mo fueron firmados\u009d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema detectado por los auditores es que en los archivos de la instituci\u00f3n hay solo 29 convenios de pago que avalan las razones por las que se dieron nuevos rubros. <\/p>\n\n\n\n

En los dem\u00e1s casos se hizo sin el aval. La mayor\u00eda de rubros adicionales ya ha sido cancelada, pero actualmente existe una deuda con los contratistas por USD 13,8 millones. <\/p>\n\n\n\n

Este Diario busc\u00f3 a las exautoridades judiciales, pero no respondieron al correo electr\u00f3nico ni a los tel\u00e9fonos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s problemas <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de las construcciones, los auditores tambi\u00e9n encontraron anomal\u00edas en 56 contratos de consultor\u00eda que se elaboraron con base en dos grupos relacionados con los t\u00e9rminos de referencia, cuando en t\u00e9rminos regulares se aplica al menos 20 t\u00e9rminos. <\/p>\n\n\n\n

En este caso, por ejemplo, se excluyeron condiciones como la experiencia acreditada de los contratistas en otros proyectos de igual o mayor valor. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se hall\u00f3 que durante el per\u00edodo de Carlos P\u00f3lit al frente de la Contralor\u00eda este organismo ya realiz\u00f3 ex\u00e1menes especiales a los procesos financieros, contractuales, de ejecuci\u00f3n y precontractuales de algunos edificios judiciales. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, pese a hallar anomal\u00edas, no las calific\u00f3 como indicios penales. Un ejemplo de esto es el examen para la construcci\u00f3n del Complejo Judicial de Babahoyo, en Los R\u00edos, en el 2011. En ese examen se detall\u00f3 que la Judicatura contrat\u00f3 una empresa para realizar estudios de suelo para ese proyecto. <\/p>\n\n\n\n

Pero este organismo no tom\u00f3 en cuenta que en el contrato 108-2011, firmado el 26 de octubre del 2011, ya se inclu\u00edan los estudios de suelo. Lo que ocasion\u00f3 que la entidad haya erogado recursos por USD 4 930 por esta contrataci\u00f3n, que ya se solicit\u00f3\u009d. <\/p>\n\n\n\n

En este caso, los auditores concluyeron que se afect\u00f3 al principio de oportunidad. La actual Judicatura indica que tambi\u00e9n detect\u00f3 que muchos de los proyectos se iniciaron sin contar con los estudios de suelo, permisos de construcci\u00f3n, ambientales ni con el t\u00edtulo de propiedad del terreno en donde se iba a construir\u009d. <\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, en el sector el barrio de La Pulida, en el norte de Quito, se adelantaron obras civiles sobre un terreno de 81 hect\u00e1reas. Pero en el 2014 la obra fue suspendida definitivamente, porque la Judicatura no contaba con los permisos. Seg\u00fan Jos\u00e9 Cisneros, coordinador de Infraestructura de la Judicatura, esto deriv\u00f3 en problemas legales con contratistas, retrasos y suspensiones en la ejecuci\u00f3n de las obras; adem\u00e1s del incremento de costos.<\/p>\n\n\n\n

Otro problema que se origin\u00f3 de la falta de estudios es que actualmente hay edificios vac\u00edos o en los que trabajan menos funcionarios de lo previsto. La Unidad Judicial de Trabajo, Inquilinato, Relaciones Vecinales y Civil, ubicada en la calle Manuel Larrea y Arenas, en el centro de Quito, se encuentra deshabitada. <\/p>\n\n\n\n

Este edificio fue construido en el 2012 y estuvo ocupado hasta el 2017. Este a\u00f1o estaba previsto que all\u00ed funcione la Unidad Judicial Contra la Delincuencia Organizada, en la que se tramitar\u00edan casos de terrorismo o delitos graves, como el atentado con carro bomba en San Lorenzo. <\/p>\n\n\n\n

Pero el proyecto qued\u00f3 suspendido desde mayo, pues la creaci\u00f3n de esa unidad judicial est\u00e1 en consulta en la Corte Constitucional y sus jueces deber\u00e1n pronunciarse.<\/p>\n\n\n\n

En contexto <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 7 de mayo del 2011, en consulta popular, se dio paso a la emergencia de la Funci\u00f3n Judicial. Desde esa fecha hasta el 2013 se emplearon USD 304 millones. En el per\u00edodo 2014-2016, para la modernizaci\u00f3n judicial\u009d se entregaron USD 200 millones m\u00e1s. (I)
<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fuente: <\/strong>https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/judicatura-edificios-judiciales-sobreprecios-ecuador.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A trav\u00e9s de un nuevo estudio, el Consejo de la Judicatura analiz\u00f3 detenidamente las obras ejecutadas en el pa\u00eds y los valores pagados entre septiembre del 2011 y enero del 2014. El documento concluye que de los 87 contratos para construcci\u00f3n o adecuaci\u00f3n de unidades judiciales firmados en ese per\u00edodo, 56 presentaron incrementos en los valores respecto de los montos iniciales. Los incrementos van desde el 4% hasta el 61% del valor del contrato original. En dinero significa pagos por USD 41,5 millones adicionales. Entre las causas que motivaron ese aumento est\u00e1n nuevas \u00f3rdenes de trabajo, incremento de los rubros y obras complementarias. El informe de la Judicatura indica que estos aumentos se ejecutaron sin sustento t\u00e9cnico, sin haber certificado si existen o no recursos y violando la Ley del Sistema de Contrataci\u00f3n P\u00fablica. Por ejemplo, en el art. 88 de esa norma se indica que el incremento de las obras o rubros adicionales no podr\u00e1 sobrepasar el 25% respecto del contrato original. En el caso del Consejo de la Judicatura, de las 57 obras que tuvieron incrementos, siete presentan mayor problema. Estas edificaciones justamente tienen rubros que exceden el 25%. Estas son: las unidades judiciales de Latacunga (Cotopaxi), Paute (Azuay), Cayambe (Pichincha), Caluma (Bol\u00edvar) y Portoviejo (Manab\u00ed). Y los juzgados que funcionan en el edificio de la Bolsa de Valores de Guayaquil y en el centro comercial Alb\u00e1n Borja, en esa misma ciudad del Guayas. La Judicatura ya remiti\u00f3 esta informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda y a la Contralor\u00eda. A esta \u00faltima instituci\u00f3n solicit\u00f3 un examen especial para conocer si hubo o no un posible sobreprecio durante las anteriores administraciones. Para Marcelo Merlo, presidente de la actual Judicatura, estos procedimientos por fuera de la Ley de Contrataci\u00f3n se hicieron en un contexto en el que la justicia fue declarada en emergencia. Es importante recordar qu\u00e9 pas\u00f3 entre el 2011 y 2013, porque esa declaratoria es la base con la que se permiti\u00f3 contratar a dedo\u009d. Explic\u00f3 que los convenios de pagos son instrumentos de excepci\u00f3n y se pueden usar por una sola vez. Se debe analizar tambi\u00e9n la legalidad, c\u00f3mo fueron firmados\u009d, dijo. Otro problema detectado por los auditores es que en los archivos de la instituci\u00f3n hay solo 29 convenios de pago que avalan las razones por las que se dieron nuevos rubros. En los dem\u00e1s casos se hizo sin el aval. La mayor\u00eda de rubros adicionales ya ha sido cancelada, pero actualmente existe una deuda con los contratistas por USD 13,8 millones. Este Diario busc\u00f3 a las exautoridades judiciales, pero no respondieron al correo electr\u00f3nico ni a los tel\u00e9fonos.\u00a0 M\u00e1s problemas Adem\u00e1s de las construcciones, los auditores tambi\u00e9n encontraron anomal\u00edas en 56 contratos de consultor\u00eda que se elaboraron con base en dos grupos relacionados con los t\u00e9rminos de referencia, cuando en t\u00e9rminos regulares se aplica al menos 20 t\u00e9rminos. En este caso, por ejemplo, se excluyeron condiciones como la experiencia acreditada de los contratistas en otros proyectos de igual o mayor valor. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se hall\u00f3 que durante el per\u00edodo de Carlos P\u00f3lit al frente de la Contralor\u00eda este organismo ya realiz\u00f3 ex\u00e1menes especiales a los procesos financieros, contractuales, de ejecuci\u00f3n y precontractuales de algunos edificios judiciales. Sin embargo, pese a hallar anomal\u00edas, no las calific\u00f3 como indicios penales. Un ejemplo de esto es el examen para la construcci\u00f3n del Complejo Judicial de Babahoyo, en Los R\u00edos, en el 2011. En ese examen se detall\u00f3 que la Judicatura contrat\u00f3 una empresa para realizar estudios de suelo para ese proyecto. Pero este organismo no tom\u00f3 en cuenta que en el contrato 108-2011, firmado el 26 de octubre del 2011, ya se inclu\u00edan los estudios de suelo. Lo que ocasion\u00f3 que la entidad haya erogado recursos por USD 4 930 por esta contrataci\u00f3n, que ya se solicit\u00f3\u009d. En este caso, los auditores concluyeron que se afect\u00f3 al principio de oportunidad. La actual Judicatura indica que tambi\u00e9n detect\u00f3 que muchos de los proyectos se iniciaron sin contar con los estudios de suelo, permisos de construcci\u00f3n, ambientales ni con el t\u00edtulo de propiedad del terreno en donde se iba a construir\u009d. Por ejemplo, en el sector el barrio de La Pulida, en el norte de Quito, se adelantaron obras civiles sobre un terreno de 81 hect\u00e1reas. Pero en el 2014 la obra fue suspendida definitivamente, porque la Judicatura no contaba con los permisos. Seg\u00fan Jos\u00e9 Cisneros, coordinador de Infraestructura de la Judicatura, esto deriv\u00f3 en problemas legales con contratistas, retrasos y suspensiones en la ejecuci\u00f3n de las obras; adem\u00e1s del incremento de costos. Otro problema que se origin\u00f3 de la falta de estudios es que actualmente hay edificios vac\u00edos o en los que trabajan menos funcionarios de lo previsto. La Unidad Judicial de Trabajo, Inquilinato, Relaciones Vecinales y Civil, ubicada en la calle Manuel Larrea y Arenas, en el centro de Quito, se encuentra deshabitada. Este edificio fue construido en el 2012 y estuvo ocupado hasta el 2017. Este a\u00f1o estaba previsto que all\u00ed funcione la Unidad Judicial Contra la Delincuencia Organizada, en la que se tramitar\u00edan casos de terrorismo o delitos graves, como el atentado con carro bomba en San Lorenzo. Pero el proyecto qued\u00f3 suspendido desde mayo, pues la creaci\u00f3n de esa unidad judicial est\u00e1 en consulta en la Corte Constitucional y sus jueces deber\u00e1n pronunciarse. En contexto El 7 de mayo del 2011, en consulta popular, se dio paso a la emergencia de la Funci\u00f3n Judicial. Desde esa fecha hasta el 2013 se emplearon USD 304 millones. En el per\u00edodo 2014-2016, para la modernizaci\u00f3n judicial\u009d se entregaron USD 200 millones m\u00e1s. (I) Fuente: https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/judicatura-edificios-judiciales-sobreprecios-ecuador.html<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":252001,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[54,32,43,40],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/252000"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=252000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/252000\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/252001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=252000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=252000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=252000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}