{"id":252322,"date":"2018-12-11T00:00:00","date_gmt":"2018-12-11T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/por-persecucion-politica-seran-investigados-495-jueces-y-fiscales\/"},"modified":"2018-12-11T00:00:00","modified_gmt":"2018-12-11T00:00:00","slug":"por-persecucion-politica-seran-investigados-495-jueces-y-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/por-persecucion-politica-seran-investigados-495-jueces-y-fiscales\/","title":{"rendered":"Por persecuci\u00f3n pol\u00edtica ser\u00e1n investigados 495 jueces y fiscales"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El pedido fue presentado a la Judicatura por parte de la Mesa por la Verdad y la Justicia luego de hacer p\u00fablico su informe preliminar, en el cual se establecen 247 casos verificados. El gobierno de Rafael Correa es el principal acusado. <\/p>\n\n\n\n

A tres meses y 20 d\u00edas de formalizada la creaci\u00f3n de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Pol\u00edticos, Nunca M\u00e1s, sus integrantes presentaron este lunes 10 de diciembre el informe preliminar. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El definitivo estar\u00e1 listo en enero. En el documento, que ser\u00e1 enviado desde este martes 11 de diciembre a los organismos de los derechos humanos, universidades, familiares de las v\u00edctimas e involucrados, se determina que 1.435 casos fueron registrados o denunciados. <\/p>\n\n\n\n

De esa cifra, 300 reunieron los requisitos exigidos por la mesa y de estos 247 fueron verificados, por lo que hay informaci\u00f3n definitiva y completa. El 90% de los casos de presunta persecuci\u00f3n pol\u00edtica se cometi\u00f3 en el gobierno del expresidente Rafael Correa, explic\u00f3 el titular de la mesa, Pa\u00fal J\u00e1come, al precisar que en 2010 se registr\u00f3 la mayor cantidad con 85; seguidos por 2012 con 35, 2015 con 25, 2016 con 20 y 2011 con 19. <\/p>\n\n\n\n

Admiti\u00f3 que antes y despu\u00e9s del r\u00e9gimen de Correa tambi\u00e9n se registraron casos, pero no en la magnitud de los 10 a\u00f1os del corre\u00edsmo. Precis\u00f3 que en cifras las otras m\u00e1s altas son cinco en 2003, cuatro en 2008 y ocho en 2018. J\u00e1come explic\u00f3 que de los 247 casos verificados, 196 son hombres y 51 mujeres, el 67% mestizos y el 10% ind\u00edgenas. <\/p>\n\n\n\n

Sobre la edad, explic\u00f3, a diferencia de lo que suced\u00eda en gobiernos anteriores en que los perseguidos pol\u00edticos eran estudiantes y j\u00f3venes revolucionarios, ahora las edades van de 30 a 60 a\u00f1os en el 77% de los casos. Esta cifra va ligada a todos los casos verificados, el 59% de los afectados era profesional, el 15% agricultor o ganadero y otros grupos sociales en menor escala.<\/p>\n\n\n\n

Persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica <\/strong><\/p>\n\n\n\n

La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Ang\u00e9lica Porras, quien trabaja con la mesa, explic\u00f3 que de la informaci\u00f3n obtenida hasta la fecha, est\u00e1 definido que la persecuci\u00f3n que se vivi\u00f3 en el pa\u00eds se dio de una forma sistem\u00e1tica, estructurada y fue brutal contra las personas procesadas. <\/p>\n\n\n\n

El corre\u00edsmo, dijo, construy\u00f3 la imagen de un Estado v\u00edctima y aplic\u00f3 una exagerada gravedad\u009d de los tipos penales. La judicializaci\u00f3n se acompa\u00f1\u00f3 con intimidaci\u00f3n a familiares, secuestros, y se utiliz\u00f3 la figura del indulto y el pedido de disculpas p\u00fablicas para otorgar perd\u00f3n\u009d y archivar procesos.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de los defensores de los derechos de la naturaleza, expres\u00f3 que la pr\u00e1ctica contra estos fue el ingreso violento de la fuerza p\u00fablica a las comunidades, una pol\u00edtica comunicacional del anterior gobierno, muertes, violaciones, quemas de casas, cultivos, juicios a dirigentes, entre otros. <\/p>\n\n\n\n

Para los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas hubo una pr\u00e1ctica similar y, adem\u00e1s, encarcelamientos de l\u00edderes, fuertes multas econ\u00f3micas, desconocimiento de la aplicaci\u00f3n de la justicia ind\u00edgena, uso de pruebas falsas para acusar, en fin. Seg\u00fan Porras, en el caso de la sublevaci\u00f3n policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), a trav\u00e9s de las sabatinas se construy\u00f3 la imagen de enemigos, quienes no estaban de acuerdo con el r\u00e9gimen, se aplicaron tipos penales fuertes a los vinculados. <\/p>\n\n\n\n

Hubo cambios constantes de jueces, fiscales, detenciones, allanamientos ilegales, eliminaron pruebas, las sentencias no fueron motivadas. Hubo torturas y secuestros a familiares de los procesados. Tambi\u00e9n se violent\u00f3 la libertad de expresi\u00f3n, detenciones arbitrarias, despidos laborales, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Recomendaciones <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dos recomendaciones constan en el informe preliminar de la Mesa por la Verdad y la Justicia. La primera, una reforma al C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) para despenalizar los delitos de opini\u00f3n. La segunda, una reforma a la Ley de V\u00edctimas y Reparaciones para eliminar la temporalidad. El informe finaliza con siete conclusiones.\u00a0
<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Investigaci\u00f3n a judiciales<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

El presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Pa\u00fal J\u00e1come, oficializ\u00f3 su pedido al CJ para que sean investigados 495 jueces y fiscales que estar\u00edan involucrados en la persecuci\u00f3n pol\u00edtica en contra de las 247 v\u00edctimas verificadas. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dijo que estos operadores de justicia deben responder por sus actuaciones y acciones que han dejado quejas y dudas. Porras puso de ejemplo el hecho de que en el caso de los pases policiales el juicio se inici\u00f3 por el presunto cometimiento del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita, pero luego fue cambiado a delincuencia organizada y se extendi\u00f3 a lavado de activos para involucrar a la madre de un expolic\u00eda procesado. <\/p>\n\n\n\n

Los integrantes de la mesa solicitaron continuar el an\u00e1lisis de aproximadamente 1.100 casos con la Judicatura permanente o definitiva, para lo cual pedir\u00e1n se realice un convenio con el Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana Transitorio (CPCCS-T). <\/p>\n\n\n\n

El presidente del CJ, Marcelo Merlo, explic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la creaci\u00f3n de esta mesa fue esclarecer los casos de persecuci\u00f3n pol\u00edtica registrados en la administraci\u00f3n de Rafael Correa. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El funcionario considera que este trabajo sirva como una herramienta eficaz para investigar a cabalidad los casos de persecuci\u00f3n pol\u00edtica y determinar las reparaciones a las v\u00edctimas\u009d. Sobre el pedido de investigar a jueces y fiscales, indic\u00f3 que se har\u00e1 el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n\n\n\n

Explic\u00f3 que de acuerdo al reglamento de control disciplinario hay dos etapas, la primera, una investigaci\u00f3n de las inconductas de los operadores de justicia. La segunda, si de la investigaci\u00f3n se establecen irregularidades entonces se impondr\u00e1n sanciones. (I)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\u00a0<\/a>Fuente:<\/strong>https:\/\/www.eltelegrafo.com.ec\/noticias\/judicial\/12\/persecucion-politica-investigaciones-jueces-fiscales<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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El 90% de los casos de presunta persecuci\u00f3n pol\u00edtica se cometi\u00f3 en el gobierno del expresidente Rafael Correa, explic\u00f3 el titular de la mesa, Pa\u00fal J\u00e1come, al precisar que en 2010 se registr\u00f3 la mayor cantidad con 85; seguidos por 2012 con 35, 2015 con 25, 2016 con 20 y 2011 con 19. Admiti\u00f3 que antes y despu\u00e9s del r\u00e9gimen de Correa tambi\u00e9n se registraron casos, pero no en la magnitud de los 10 a\u00f1os del corre\u00edsmo. Precis\u00f3 que en cifras las otras m\u00e1s altas son cinco en 2003, cuatro en 2008 y ocho en 2018. J\u00e1come explic\u00f3 que de los 247 casos verificados, 196 son hombres y 51 mujeres, el 67% mestizos y el 10% ind\u00edgenas. Sobre la edad, explic\u00f3, a diferencia de lo que suced\u00eda en gobiernos anteriores en que los perseguidos pol\u00edticos eran estudiantes y j\u00f3venes revolucionarios, ahora las edades van de 30 a 60 a\u00f1os en el 77% de los casos. Esta cifra va ligada a todos los casos verificados, el 59% de los afectados era profesional, el 15% agricultor o ganadero y otros grupos sociales en menor escala. Persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Ang\u00e9lica Porras, quien trabaja con la mesa, explic\u00f3 que de la informaci\u00f3n obtenida hasta la fecha, est\u00e1 definido que la persecuci\u00f3n que se vivi\u00f3 en el pa\u00eds se dio de una forma sistem\u00e1tica, estructurada y fue brutal contra las personas procesadas. El corre\u00edsmo, dijo, construy\u00f3 la imagen de un Estado v\u00edctima y aplic\u00f3 una exagerada gravedad\u009d de los tipos penales. La judicializaci\u00f3n se acompa\u00f1\u00f3 con intimidaci\u00f3n a familiares, secuestros, y se utiliz\u00f3 la figura del indulto y el pedido de disculpas p\u00fablicas para otorgar perd\u00f3n\u009d y archivar procesos. En el caso de los defensores de los derechos de la naturaleza, expres\u00f3 que la pr\u00e1ctica contra estos fue el ingreso violento de la fuerza p\u00fablica a las comunidades, una pol\u00edtica comunicacional del anterior gobierno, muertes, violaciones, quemas de casas, cultivos, juicios a dirigentes, entre otros. Para los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas hubo una pr\u00e1ctica similar y, adem\u00e1s, encarcelamientos de l\u00edderes, fuertes multas econ\u00f3micas, desconocimiento de la aplicaci\u00f3n de la justicia ind\u00edgena, uso de pruebas falsas para acusar, en fin. Seg\u00fan Porras, en el caso de la sublevaci\u00f3n policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), a trav\u00e9s de las sabatinas se construy\u00f3 la imagen de enemigos, quienes no estaban de acuerdo con el r\u00e9gimen, se aplicaron tipos penales fuertes a los vinculados. Hubo cambios constantes de jueces, fiscales, detenciones, allanamientos ilegales, eliminaron pruebas, las sentencias no fueron motivadas. Hubo torturas y secuestros a familiares de los procesados. Tambi\u00e9n se violent\u00f3 la libertad de expresi\u00f3n, detenciones arbitrarias, despidos laborales, entre otros. Recomendaciones Dos recomendaciones constan en el informe preliminar de la Mesa por la Verdad y la Justicia. La primera, una reforma al C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) para despenalizar los delitos de opini\u00f3n. La segunda, una reforma a la Ley de V\u00edctimas y Reparaciones para eliminar la temporalidad. El informe finaliza con siete conclusiones.\u00a0 Investigaci\u00f3n a judiciales El presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Pa\u00fal J\u00e1come, oficializ\u00f3 su pedido al CJ para que sean investigados 495 jueces y fiscales que estar\u00edan involucrados en la persecuci\u00f3n pol\u00edtica en contra de las 247 v\u00edctimas verificadas. Dijo que estos operadores de justicia deben responder por sus actuaciones y acciones que han dejado quejas y dudas. Porras puso de ejemplo el hecho de que en el caso de los pases policiales el juicio se inici\u00f3 por el presunto cometimiento del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita, pero luego fue cambiado a delincuencia organizada y se extendi\u00f3 a lavado de activos para involucrar a la madre de un expolic\u00eda procesado. Los integrantes de la mesa solicitaron continuar el an\u00e1lisis de aproximadamente 1.100 casos con la Judicatura permanente o definitiva, para lo cual pedir\u00e1n se realice un convenio con el Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana Transitorio (CPCCS-T). El presidente del CJ, Marcelo Merlo, explic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la creaci\u00f3n de esta mesa fue esclarecer los casos de persecuci\u00f3n pol\u00edtica registrados en la administraci\u00f3n de Rafael Correa. El funcionario considera que este trabajo sirva como una herramienta eficaz para investigar a cabalidad los casos de persecuci\u00f3n pol\u00edtica y determinar las reparaciones a las v\u00edctimas\u009d. Sobre el pedido de investigar a jueces y fiscales, indic\u00f3 que se har\u00e1 el tr\u00e1mite correspondiente. Explic\u00f3 que de acuerdo al reglamento de control disciplinario hay dos etapas, la primera, una investigaci\u00f3n de las inconductas de los operadores de justicia. La segunda, si de la investigaci\u00f3n se establecen irregularidades entonces se impondr\u00e1n sanciones. 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