En su oficina conserva su uniforme, un sable y las insignias que obtuvo como oficial de la Polic\u00eda. Andr\u00e9s Solano ahora viste de civil, pues fue desvinculado de esa instituci\u00f3n en el 2012, luego de ser procesado por los hechos del 30-S.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.ecuadortimes.net\/es\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/ecuador-news-political-persecution-from-ecuador-national-court.jpeg\")
El abogado Eduardo Le\u00f3n y la esposa de Daniel Guti\u00e9rrez analizaron el caso.<\/p><\/div>\n
Fue acusado por el delito de rebeli\u00f3n y sentenciado a un a\u00f1o de c\u00e1rcel. La pena fue ratificada en la Corte Nacional, en el 2014. Pero no la cumpli\u00f3, pues la causa prescribi\u00f3. Junto a \u00e9l hubo siete procesados m\u00e1s.<\/p>\n
Solano afirma que antes de que el Tribunal dictara el fallo, personas cercanas a los magistrados nacionales los citaron en una oficina privada.<\/p>\n
All\u00ed les indicaron que si cancelaban USD 60 000, los jueces los declarar\u00edan inocentes. \u201cLlamaron a los magistrados en nuestra presencia y ellos establec\u00edan las tarifas que deb\u00edan cobrarnos. Nos dijeron que pod\u00edamos cancelar en efectivo, cheque o por transferencia\u201d.<\/p>\n
Solano asegura que no pag\u00f3, pues no ten\u00eda dinero. \u201cMis compa\u00f1eros que entregaron el dinero tienen los comprobantes de dep\u00f3sitos, pero por temor a represalias no han denunciado\u201d.<\/p>\n
El caso de Solano fue documentado en un informe de 249 p\u00e1ginas elaborado por la Mesa por la Verdad y Justicia, que indag\u00f3 la persecuci\u00f3n y las \u2018irregularidades\u2019 en 247 procesos judiciales durante el gobierno de Rafael Correa.\u200b<\/p>\n
All\u00ed se mencionan presuntos pagos por coimas a jueces a cambio de no ser acusados o sentenciados a c\u00e1rcel. \u201cEn el 30-S hubo el caso de un oficial que tuvo que vender su casa y pagar USD 62 000 para no ser sentenciado\u201d, cont\u00f3 otro de los polic\u00edas.<\/p>\n
Durante la evaluaci\u00f3n de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, el Comit\u00e9 T\u00e9cnico tom\u00f3 en cuenta este documento para redactar un informe que entregaron al Consejo de la Judicatura.\u200bEn ese documento, adem\u00e1s, establecieron que hubo un \u201caumento desproporcionado\u201d en el patrimonio de siete altos magistrados.<\/p>\n
Dos de ellos negaron el viernes 8 de noviembre del 2019 esa acusaci\u00f3n y aseguraron que sus bienes fueron obtenidos de forma legal.<\/p>\n
Estos dos magistrados forman parte de la lista de 24 autoridades judiciales que reprobaron la evaluaci\u00f3n. El viernes de esta semana est\u00e1 previsto que la Judicatura anuncie el listado de jueces que ser\u00e1n removidos.<\/p>\n
En el informe se detalla tambi\u00e9n el caso de Daniel Guti\u00e9rrez, quien actualmente cumple una condena por delincuencia organizada.<\/p>\n
Cuando su juicio lleg\u00f3 a la Corte Nacional, los magistrados incrementaron su pena inicial de cinco a nueve a\u00f1os y cuatro meses.<\/p>\n
Seg\u00fan su abogado Eduardo Le\u00f3n, los jueces violentaron el debido proceso, pues el C\u00f3digo Integral Penal (art. 5 numeral 7) proh\u00edbe aumentar las penas y empeorar la situaci\u00f3n legal de una persona cuando en un recurso de \u00faltima instancia, que se revuelve en la Corte Nacional, esta sea la \u00fanica litigante.<\/p>\n
En este caso esto se aplic\u00f3. Por eso el abogado y la esposa del procesado interpusieron una acci\u00f3n de protecci\u00f3n en la Corte Constitucional.<\/p>\n
El informe de la Mesa calific\u00f3 de \u2018pobre\u2019 la actuaci\u00f3n de la Corte Nacional, pues considera que \u201cno cumpli\u00f3 su rol de corregir sentencias con violaciones al debido proceso, sino que viol\u00f3 el derecho a la defensa\u201d. Otro caso que se analiz\u00f3 en la Mesa de la Verdad y la Justicia es el de Taski.<\/p>\n
Esta empresa que brinda servicios de impresi\u00f3n present\u00f3 una demanda contenciosa administrativa en contra de una entidad p\u00fablica que dio de baja el contrato para la impresi\u00f3n de formularios y portafolios para el censo poblacional del 2010.<\/p>\n
Seg\u00fan investigaciones, cuando este caso lleg\u00f3 al alto Tribunal, en el 2013, el proceso no se movi\u00f3 ni present\u00f3 avance \u201csin explicaciones\u201d. Tampoco se realizaron diligencias. Despu\u00e9s de cinco a\u00f1os reci\u00e9n se resolvi\u00f3 el caso. El informe dice que hubo \u201cnegligencia por parte de los jueces por dejar transcurrir tantos a\u00f1os sin un pronunciamiento\u201d.<\/p>\n
En otro hecho de demora judicial, etiquetado como Terrorismo, se explica que en un recurso de casaci\u00f3n (que se resuelve en la Corte Nacional) pas\u00f3 tres a\u00f1os sin tratarse. Este recurso se cerr\u00f3 solo despu\u00e9s de que Correa dejara el poder y la procesada fue declarada inocente.<\/p>\n
Tras documentar estos procesos, ahora los evaluadores recomiendan a la Judicatura que analicen estos hallazgos y se inicien indagaciones. En diciembre del a\u00f1o pasado tambi\u00e9n hubo un pedido para que la Judicatura investigara a 14 jueces y conjueces nacionales, pues se consider\u00f3 que adem\u00e1s de la afectaci\u00f3n jur\u00eddica hubo una afectaci\u00f3n personal a las v\u00edctimas.<\/p>\n
En el caso de Solano, con el fallo dictado tuvo que dejar la Polic\u00eda y durante dos a\u00f1os trabaj\u00f3 como taxista y como mesero en un restaurante. Ahora es propietario de una empresa de seguridad privada.<\/p>\n
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All\u00ed les indicaron que si cancelaban USD 60 000, los jueces los declarar\u00edan inocentes. \u201cLlamaron a los magistrados en nuestra presencia y ellos establec\u00edan las tarifas que deb\u00edan cobrarnos. Nos dijeron que pod\u00edamos cancelar en efectivo, cheque o por transferencia\u201d. Solano asegura que no pag\u00f3, pues no ten\u00eda dinero. \u201cMis compa\u00f1eros que entregaron el dinero tienen los comprobantes de dep\u00f3sitos, pero por temor a represalias no han denunciado\u201d. El caso de Solano fue documentado en un informe de 249 p\u00e1ginas elaborado por la Mesa por la Verdad y Justicia, que indag\u00f3 la persecuci\u00f3n y las \u2018irregularidades\u2019 en 247 procesos judiciales durante el gobierno de Rafael Correa.\u200b All\u00ed se mencionan presuntos pagos por coimas a jueces a cambio de no ser acusados o sentenciados a c\u00e1rcel. \u201cEn el 30-S hubo el caso de un oficial que tuvo que vender su casa y pagar USD 62 000 para no ser sentenciado\u201d, cont\u00f3 otro de los polic\u00edas. Durante la evaluaci\u00f3n de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, el Comit\u00e9 T\u00e9cnico tom\u00f3 en cuenta este documento para redactar un informe que entregaron al Consejo de la Judicatura.\u200bEn ese documento, adem\u00e1s, establecieron que hubo un \u201caumento desproporcionado\u201d en el patrimonio de siete altos magistrados. Dos de ellos negaron el viernes 8 de noviembre del 2019 esa acusaci\u00f3n y aseguraron que sus bienes fueron obtenidos de forma legal. Estos dos magistrados forman parte de la lista de 24 autoridades judiciales que reprobaron la evaluaci\u00f3n. El viernes de esta semana est\u00e1 previsto que la Judicatura anuncie el listado de jueces que ser\u00e1n removidos. En el informe se detalla tambi\u00e9n el caso de Daniel Guti\u00e9rrez, quien actualmente cumple una condena por delincuencia organizada. Cuando su juicio lleg\u00f3 a la Corte Nacional, los magistrados incrementaron su pena inicial de cinco a nueve a\u00f1os y cuatro meses. Seg\u00fan su abogado Eduardo Le\u00f3n, los jueces violentaron el debido proceso, pues el C\u00f3digo Integral Penal (art. 5 numeral 7) proh\u00edbe aumentar las penas y empeorar la situaci\u00f3n legal de una persona cuando en un recurso de \u00faltima instancia, que se revuelve en la Corte Nacional, esta sea la \u00fanica litigante. En este caso esto se aplic\u00f3. Por eso el abogado y la esposa del procesado interpusieron una acci\u00f3n de protecci\u00f3n en la Corte Constitucional. El informe de la Mesa calific\u00f3 de \u2018pobre\u2019 la actuaci\u00f3n de la Corte Nacional, pues considera que \u201cno cumpli\u00f3 su rol de corregir sentencias con violaciones al debido proceso, sino que viol\u00f3 el derecho a la defensa\u201d. Otro caso que se analiz\u00f3 en la Mesa de la Verdad y la Justicia es el de Taski. Esta empresa que brinda servicios de impresi\u00f3n present\u00f3 una demanda contenciosa administrativa en contra de una entidad p\u00fablica que dio de baja el contrato para la impresi\u00f3n de formularios y portafolios para el censo poblacional del 2010. Seg\u00fan investigaciones, cuando este caso lleg\u00f3 al alto Tribunal, en el 2013, el proceso no se movi\u00f3 ni present\u00f3 avance \u201csin explicaciones\u201d. Tampoco se realizaron diligencias. Despu\u00e9s de cinco a\u00f1os reci\u00e9n se resolvi\u00f3 el caso. El informe dice que hubo \u201cnegligencia por parte de los jueces por dejar transcurrir tantos a\u00f1os sin un pronunciamiento\u201d. En otro hecho de demora judicial, etiquetado como Terrorismo, se explica que en un recurso de casaci\u00f3n (que se resuelve en la Corte Nacional) pas\u00f3 tres a\u00f1os sin tratarse. Este recurso se cerr\u00f3 solo despu\u00e9s de que Correa dejara el poder y la procesada fue declarada inocente. Tras documentar estos procesos, ahora los evaluadores recomiendan a la Judicatura que analicen estos hallazgos y se inicien indagaciones. En diciembre del a\u00f1o pasado tambi\u00e9n hubo un pedido para que la Judicatura investigara a 14 jueces y conjueces nacionales, pues se consider\u00f3 que adem\u00e1s de la afectaci\u00f3n jur\u00eddica hubo una afectaci\u00f3n personal a las v\u00edctimas. 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