Las acciones emprendidas por el ecuatoriano Roger M. en cortes paname\u00f1as, para cobrar USD 11 450 millones a Petroecuador, se truncaron.<\/p>\n
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El caso Petroecuador-Panam\u00e1 fue resuelto<\/p><\/div>\n
La Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 -m\u00e1ximo \u00f3rgano del poder judicial- dej\u00f3 sin efecto, en julio pasado, el embargo de esa cantidad de dinero de las cuentas que Petroecuador tuviese en el sistema financiero de ese pa\u00eds, el cual fue dispuesto anteriormente por una instancia inferior de ese pa\u00eds.<\/p>\n
Estos recursos, seg\u00fan el demandante, eran a favor de organizaciones sociales de Esmeraldas por supuestos da\u00f1os ambientales.<\/p>\n
Pero la Procuradur\u00eda General del Estado (PGE) argument\u00f3 que el proceso legal iniciado en contra de la petrolera estatal se bas\u00f3 en el uso de un documento falso.<\/p>\n
Adem\u00e1s, inform\u00f3 que Roger M. fue sentenciado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por las cortes de Ecuador en diciembre del 2017, por este delito.<\/p>\n
Tras conocer estos detalles, la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 revoc\u00f3 lo actuado en instancias anteriores y notific\u00f3 oficialmente al pa\u00eds.<\/p>\n
Esto significa que ahora ya no cabe \u201cninguna\u201d acci\u00f3n civil adicional relacionada con este asunto, refiri\u00f3 la Procuradur\u00eda, que asumi\u00f3 la defensa de la firma estatal en el extranjero.<\/p>\n
Para uno de los abogados de los demandantes que se hizo cargo de este proceso en Panam\u00e1, este caso les gener\u00f3 sorpresa porque inicialmente los antecedentes expuestos por la Procuradur\u00eda eran desconocidos.<\/p>\n
El litigante se\u00f1al\u00f3 que validaron la autenticidad del documento y aceptaron hacerse cargo de este proceso. \u201cLa orden de pago estaba apostillada y cotejada por un notario\u201d, refiere Humberto Zappi, abogado que particip\u00f3 en este caso.<\/p>\n
Este jurista paname\u00f1o se dedic\u00f3 por alrededor de un a\u00f1o y medio a esta causa y, al final, no obtuvo sus honorarios. Zappi y otros dos colegas ten\u00edan previsto cobrar USD 1 475 millones al Estado ecuatoriano por este concepto, seg\u00fan declararon en un medio paname\u00f1o.<\/p>\n
\u201cPara m\u00ed (el caso) deja en entredicho documentos futuros que puedan estar legalizados por autoridades ecuatorianas. Qu\u00e9 seguridad tiene uno frente a esos papeles\u201d, se pregunt\u00f3 Zappi.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda inform\u00f3 que no ha recibido notificaciones sobre posibles acciones por el cobro de honorarios de los abogados paname\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEl Estado ecuatoriano no asumir\u00e1 ning\u00fan costo cuando la resoluci\u00f3n ha sido a su favor\u201d.<\/p>\n
El caso en Panam\u00e1 no es el \u00fanico intento que han hecho los demandantes para tratar de cobrar a Petroecuador. Hace ocho a\u00f1os los supuestos representantes de organizaciones sociales realizaron ya varias gestiones en Ecuador.<\/p>\n
Inicialmente, sosten\u00edan que la petrolera estatal deb\u00eda USD 4 000 millones y luego la cifra subi\u00f3 a 11 450 millones. A criterio de los demandantes, esta supuesta deuda de la empresa petrolera estatal con las asociaciones se origin\u00f3 tras una demanda al Estado ecuatoriano, por deforestaci\u00f3n y tala indiscriminada de bosques en Borb\u00f3n, una peque\u00f1a localidad de Esmeraldas, que se produjo en 1994.<\/p>\n
Este caso judicial se convirti\u00f3 en la pretensi\u00f3n m\u00e1s alta que hab\u00eda en contra del Estado en cortes internacionales. Representaba el 82% del total, hasta marzo pasado.<\/p>\n
Para frenar estos intentos, Petroecuador interpuso en el 2016 una demanda en contra de Carlos R., Juan B., Neiva V. y Roger M., supuestos representantes de las organizaciones civiles, por el presunto delito de falsificaci\u00f3n y uso de documento falso.<\/p>\n
De los cuatro demandados, solo Roger M. y Neiva V. est\u00e1n cumpliendo una condena. La \u00faltima fue sentenciada a fines del 2018.<\/p>\n
https:\/\/www.elcomercio.com\/actualidad\/caso-petroecuador-panama-demanda-indemnizacion.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Las acciones emprendidas por el ecuatoriano Roger M. en cortes paname\u00f1as, para cobrar USD 11 450 millones a Petroecuador, se truncaron. La Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 -m\u00e1ximo \u00f3rgano del poder judicial- dej\u00f3 sin efecto, en julio pasado, el embargo de esa cantidad de dinero de las cuentas que Petroecuador tuviese en el sistema financiero de ese pa\u00eds, el cual fue dispuesto anteriormente por una instancia inferior de ese pa\u00eds. Estos recursos, seg\u00fan el demandante, eran a favor de organizaciones sociales de Esmeraldas por supuestos da\u00f1os ambientales. Pero la Procuradur\u00eda General del Estado (PGE) argument\u00f3 que el proceso legal iniciado en contra de la petrolera estatal se bas\u00f3 en el uso de un documento falso. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que Roger M. fue sentenciado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por las cortes de Ecuador en diciembre del 2017, por este delito. Tras conocer estos detalles, la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 revoc\u00f3 lo actuado en instancias anteriores y notific\u00f3 oficialmente al pa\u00eds. Esto significa que ahora ya no cabe \u201cninguna\u201d acci\u00f3n civil adicional relacionada con este asunto, refiri\u00f3 la Procuradur\u00eda, que asumi\u00f3 la defensa de la firma estatal en el extranjero. Para uno de los abogados de los demandantes que se hizo cargo de este proceso en Panam\u00e1, este caso les gener\u00f3 sorpresa porque inicialmente los antecedentes expuestos por la Procuradur\u00eda eran desconocidos. 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