Incertidumbre de medios sobre reparto de utilidades

Roberto Aspiazu

La duda surgió en los 1.010 operadores de telefonía y radio que Ecuador tiene, por un artículo de ley que podría prestarse a interpretaciones diversas, respecto del reparto de utilidades.  En la Constitución vigente se dice que El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.

Respecto a estos recursos, la carta magna comprende al espectro radioeléctrico, entre otros. Por su parte, el gobierno de Rafael Correa salió ayer a calmar al sector de las telecomunicaciones, pero no todos los operadores están convencidos.

Otto Sonnenholzner, ex presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), sospecha que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), está cometiendo un error de interpretación con el artículo 408 de la Constitución. Aunque el espectro sea de propiedad inalienable, imprescindible e inembargable del Estado, el radiodifusor sostiene que eso no significa que sea un recurso limitado. “El espectro no sufre ningún tipo de desgaste ni se consume, como sucede con el petróleo y la minería, por ende aplicar esto no tiene sentido“, explicó.

Otto Sonnenholzner

Mientras tanto, Roberto Aspiazu, representante de las Cámaras de la Producción ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), manifestó su sorpresa tras que las autoridades avivaron el tema, aún cuando se resolvió en el 2009, con un fallo de la Corte Constitucional, excluir al espectro entre los recursos no renovables.

Por su parte, el canciller Ricardo Patiño trató de apaciguar la incertidumbre de los empresarios, negando que por medio del texto de Montecristi el régimen quiera apropiarse de la mitad de las utilidades que generan los medios de comunicación. Si acaso pudiera quedar alguna duda al respecto, quiero dejar en claro que ese no es el sentido de la reforma y que no lo vamos a aplicar así. Los dueños de medios de comunicación no van a tener que repartir el 50% de sus utilidades al Estado“, indicó.

Aspiazu indicó que a pesar del pronunciamiento oficial, hay que aclarar el tema en las próximas reformas constitucionales llevadas por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. “No es pertinente que, vía resolución del Conatel, se interprete la Constitución“. Sonnenholzner concordó con Aspiazu, pues cree que al compartir las utilidades con el Estado afectaría la economía de pequeñas y medianas emisoras.