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Policías involucrados en red de trata de personas
Posted On 13 Jun 2013
Agentes policiales desmantelaron una presunta red delictiva que operaba en Colombia y Ecuador
La red estaría operando en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura y Guayas. Por ello, el pasado 15 de mayo los agentes Francisco A. y Arsube V. ingresaron a la sala de audiencias tras ser arrestados por presuntamente formar parte de esta organización delictiva que se extendería a India y Sri Lanka (Asia).
Junto a ellos también fueron apresados Verónica R. y los extranjeros Navtej K., Balachandram R. y Arumugam U.
Los investigadores de este caso indicaron que la organización presuntamente utilizaba los aeropuertos internacionales de Ecuador para trasladar a las víctimas hacia Estados Unidos a través de mafias existentes en Centroamérica.
Un informe reservado de 135 páginas, que una ONG levantó el año pasado, revela que mafias de traficantes de mujeres con fines de explotación sexual son integradas por agentes. En Carchi, por ejemplo, las investigaciones determinaron que policías son dueños de furgonetas de color blanco con las que transportan a las víctimas de trata desde ciudades colombianas.
El estudio recoge testimonios de víctimas de trata; de habitantes de esas ciudades, activistas de DD.HH.; y de policías, quienes señalaron que los uniformados “tienen mujeres de su propiedad”. Además, se indica que dos altos oficiales viven en el último piso de un edificio de seis plantas, en donde funciona un club nocturno en el que esconden a las mujeres de los operativos policiales.
Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior y encargado de los temas de trata, confirmó que “se está investigando” a agentes.
El estudio de la ONG hace otra revelación: “algunos policías sirven de sicarios a los negocios de los burdeles, para los ajustes de cuentas” y que “los pagos por estos servicios son con mujeres y en dinero”.
Los investigadores que indagaron a la supuesta la red de tratantes, calculan que esta cobraba alrededor de $ 5 000 por cada extranjero para que ingrese al país y luego llevarlo en avión a los Estados Unidos. Los dos uniformados de Migración y los tres extranjeros recibieron prisión preventiva.
