Gobierno ecuatoriano no enviará otra Ley de plusvalía

El Gobierno no planteará un nuevo proyecto de ley ni otros mecanismos para evitar la especulación de tierras. El anuncio lo efectuó el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Adrián Sandoya, en una entrevista con este Diario.

En el referéndum y consulta popular del pasado 4 de febrero, el 63% de la ciudadanía votó por la derogación de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras, también conocida como Ley de plusvalía, aprobada en diciembre del 2016. El viernes último (16 de febrero), el Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto para derogar la norma, que este momento se analiza en una comisión especial.

El pasado 6 de febrero la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, informó que el Gobierno alistaba otra Ley para combatir la especulación de tierras, en paralelo con la derogatoria de la Ley de plusvalía. Sin embargo, el titular de Vivienda fue preciso en señalar: Ya fue enviado el proyecto de derogatoria de la Ley (…) y no se ha pensado en otros mecanismos. Yo creo que ha sido un poco de mala comunicación o quizás se entendió mal, pero soy enfático en señalar que no se ha pensado en otra ley ni otro mecanismo de plusvalía.

El funcionario anunció que más bien se está trabajando para reforzar y aterrizar la Ley de Ordenamiento Territorial a través de un reglamento. Un posible nuevo proyecto normativo inquietó al sector de la construcción. De ahí que el anuncio de que no se avanzará en nuevas reformas legales es positivo, consideró Jaime Rumbea, representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive).

El presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, señaló que actualmente están vigentes varias normativas para el control de la especulación del suelo. Estos recursos se encuentran dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo; el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y la Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública.

Para perfeccionar esos instrumentos se trabaja precisamente en la implementación de normas secundarias, como el reglamento para la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en mayo del 2016. Según Sandoya, esta ausencia de normativa ha generado vacíos legales. Cuando el reglamento se apruebe,se instrumentará la misma aplicación y control de la especulación de la tierra, el ordenamiento y planificación territorial en los municipios para crear y generar ciudades sostenibles, afirmó.

El funcionario informó que en la elaboración de esa normativa secundaria participaron gremios de construcción y otras entidades estatales. El documento fue presentado ayer, 20 de febrero del 2018, ante el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente. Luego será remitido a la Presidencia. Otro problema para el control de la especulación, según Joan Proaño, gerente general de la inmobiliaria Proaño & Proaño, es que las normativas existentes no son aplicadas por los gobiernos municipales. Si bien en septiembre del año pasado, el Consejo del Municipio de Quito aprobó una ordenanza que regula la concesión onerosa de derechos en proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales (Puae), otros gobiernos locales no cuentan con esta norma. Para que las leyes cumplan su objetivo, Proaño recomendó que los gobiernos autónomos descentralizados se capaciten sobre la aplicación de las herramientas legales.

Tras la derogatoria de la Ley de Plusvalía, el sector de la construcción, que lleva 27 trimestres en recesión, espera retomar proyectos que estaban paralizados, con lo cual se generarán nuevas plazas de empleo, indicó Pita. La Asamblea debe aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo hasta el 1 de abril próximo, aunque el documento podría tramitarse antes, ya que solo contiene un artículo.

Otras normas vigentes para el control de especulación del suelo

Recargo anual de 2 x 1 000 sobre predios urbanos no edificados que es cobrado por los gobiernos locales.

Pago municipal de hasta 50% valor del inmueble, antes y después, por contribución especial de mejoras.

Pago al Estado por obras públicas de hasta 50% del valor del inmueble, por contribución especial de mejoras.

Pago por derecho oneroso o suelo urbanizado, equipamiento comunitario, cambio de uso de suelo, etc.

Derechos de adquisición prioritaria para construir sistemas públicos o de vivienda de interés social.

Municipios pueden declarar predios y zonas de desarrollo y construcción preferente para ser urbanizados.

Municipios pueden declarar zonas para levantar vivienda social o reubicar a personas en zonas de riesgo.

Se fijará el avalúo de un inmueble en el área de una obra pública para evitar sobreprecio en caso de expropiación.

En contexto

La Asamblea aprobó la Ley de Plusvalía el 27 de diciembre del 2016. La norma fijó un impuesto del 75% para la ganancia extra en la transferencia de bienes inmuebles. En la consulta popular del 4 de febrero se aprobó la derogatoria de esta norma. (I)

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-ecuador-leydeplusvalia-consulta-especulacion.html