40% de socios de Chevron habrían pedido negociación justa con indígenas ecuatorianos

Para el Frente de Defensa de la Amazonía, la decisión de Gibraltar en contra del Estado ecuatoriano no tiene relevancia.

Un asunto judicial, del cual no hemos sido parte, hemos tenido, más bien, conocimiento, a través de la prensa, mencionó.

Según el abogado, en derecho existe una premisa que dice: nadie da lo que no tiene.

La argucia de Chevron respecto de mantener que la acta de finiquito de obligaciones del estado ecuatoriano con Chevron, le libera a Chevron de toda responsabilidad respecto de terceros es absolutamente absurda, en efecto, el Estado ecuatoriano no es propietario de los derechos y de las vidas de las personas que están en su estado, mencionó.

Cuando se les preguntó si vendieron el juicio a inversionistas, el abogado Salazar aclaró: Lejos de ser un esquema donde se ha vendido el juicio, el esquema que se ha planteado respecto de la posibilidad de afrontar por parte de gente que no tiene recursos a las compañías gigantes, que tienen sus operaciones alrededor del mundo, es un esquema que permite la vigilancia, tutela y que prevalezcan los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las personas.

Si es que se pone a pensar que Chevron, en estos 25 años de juicios y pelea, ha invertido o pagado USD$2.000 millones en abogados, es necesario entender que hay que tener una contrapartida economía para poder afrontar los costos, no solo del juicio, sino de movilización de gente, recolectar información, eso tiene un costo, todas las cosas que se hacen tienen un costo y hay que poder encontrar las vías para poder financiar esta lucha que, gracias a ese financiamiento, que no es vender el juicio, sino que es permitir que simpatizantes de la causa participen de manera contingente respecto del éxito del proceso judicial, permitan que los derechos de las personas sean respetados y tengan una reparación, añadió.

Aclaró, de igual forma, que la participación en el proceso por parte de los inversionistas es una pequeña fracción, que no amenaza la posibilidad de efectuar la remediación y el tratamiento médico que tanta gente necesita.

Lejos de ser una amenaza o una desproporción es, más bien, una forma muy conveniente de la imposibilidad de los afectados de financiar el caso, de contar con la ayuda de la gente y los simpatizantes de esta causa justa, subrayó.

Respecto de las acciones seguidas en Brasil y Argentina, el abogado dijo que ninguna ha sido desechada por los méritos del proceso.

Han sido simplemente decisiones políticas, que sorpresivamente en Argentina, después de haber dejado el caso, recibió cuantiosa inversión por parte de Chevron en el Gobierno de Cristina Fernández, entonces, esa es una cuestión que deja ver claramente que la política y la capacidad económica gigantesca de Chevron tuvo incidencia importantísima y decisoria respecto de este asunto, mencionó.

En cuanto a Canadá, Salazar cree que, a pesar de que en la motivación de la resolución, los jueces dejan muy en claro la simpatía por el caso y la frustración que sienten los magistrados por estar entrampados en el procedimiento de la normativa canadiense, ellos no quieren abrir la puerta a que haya reclamos que puedan amenazar con la separación corporativa de las compañías.

Detalló que esto podría dar una imagen de falta de seguridad jurídica en esa nación.

Sin embargo, en la propia motivación de la sentencia, los casos que ellos determina, en los es viable que se desvanezca el velo corporativo son precisamente las situaciones que nos ocupan hoy día, es decir, que hay una compañía que sea una marioneta de la otra, que es el caso de Chevron Corp. en los Estados Unidos y Chevron Canadá, todos sus flujos de dinero, todas sus decisiones están sujetas a la decisión de Chevron Canadá, después que tengan una actividad real, que esto les produzca un blindaje corporativo para que no sean responsables de ninguna consecuencia, de un contrato o de ninguna actuación en Canadá, precisamente estos son los argumentos, que estamos optimistas de la visión que pueda tener la Corte Suprema de Canadá, detalló.

En cuanto a la situación en Ecuador, Salazar dijo no ser experto en el asunto, pero mencionó que en el país existe una sentencia en firme, emitida por la Corte Nacional de Justicia, que obligó a la petrolera a pagar USD$9.500 millones y que debe ser respetada

Chevron, en abuso de los recursos legales, ha pretendido convertir al recurso extraordinario de protección en un recurso de alzada, como si fuera una cuarta instancia, al igual que hizo en la instancia de casación, ante la Corte Nacional, para dilatar las cosas, esperamos que la Corte Constitucional, en la decisión que estará próxima a emitir, le condene a Chevron por el abuso del derecho y le condene al pago de daños y perjuicios de conformidad de la ley, acotó.

Patricio Salazar se refirió a la posición que han tomado los socios de Chevron frente al litigio con los indígenas ecuatorianos.

Estuvimos la semana pasada ahí (en la junta de accionistas de Chevron) aproximadamente el 40 por ciento de los accionistas se han encontrado manifiestamente en contra de la visión y la estrategia que ha tenido la administración de Chevron respecto del manejo del caso, añadió.

Y dijo que han instado a la nueva administración, posesionada recientemente en febrero, a que tome una nueva actitud.

Que llame a los afectados a una mesa de negociación y que procure un acuerdo justo con las comunidades, de manera que ellos tienen una visión distinta, pero la administración, el nuevo gerente, que ha sido parte de la administración anterior, sigue teniendo todavía este comportamiento de muchacho abusivo dentro de un colegio, que quiere imponer su criterio, reprochó. (I)

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

• Conducta de juez Alberto Guerra